La decisión de la Junta Electoral de Gipuzkoa considerando a Arnaldo Otegi "inelegible" en las elecciones del próximo 25 de septiembre en el País Vasco, más allá de cualquier consideración política es un atropello jurídico a los derechos civiles de una persona que ha cumplido hasta el último día una pena de prisión en el centro de reclusos de Logroño y durante seis años.
Si muy discutible es si está habilitado o no para recoger el acta de diputado llegado el caso por una sentencia no suficientemente precisa, lo que no admite discusión y así lo han sostenido varios juristas es su condición de electo. Pero lo cierto es que este matiz jurídico no soluciona el problema de quienes le quieren durante unos años más fuera de la política sino que lo acrecienta. Así, si se esperara hasta una supuesta inhabilitación a la hora de recoger el acta de diputado, podría hacer campaña y el resultado electoral formaría parte de su capital político. Un escenario que, obviamente, no desea ni el PP ni la Fiscalía.
Resultado: se toma un atajo y se le considera directamente inelegible.
Por lo que respecta a la vertiente política, es obvio que su eliminación como candidato, si acaba siendo efectiva, tiene consecuencias. El resultado del 25-S estará contaminado y, lo que es peor, con esta decisión –zafia políticamente, y jurídicamente muy discutible– se hurta a la ciudadanía vasca la posibilidad de pronunciarse sobre qué gobierno quiere y qué mayorías parlamentarias hay en la Cámara.