A punto de encarar la última semana del mes de julio y con la clase política pendiente a partes iguales de la evolución de la pandemia y de las vacaciones, la Moncloa no ha agendado la reunión de la denominada mesa de diálogo entre el gobierno español y el catalán a la que se comprometió Pedro Sánchez en los acuerdos de investidura. A eso y a superar la judicialización del conflicto "de naturaleza política" entre Catalunya y España se comprometió el presidente el pasado 2 de enero públicamente. Había quince días de plazo para que tuviera lugar la primera reunión desde la formación de gobierno, el pasado 12 de enero, y un compromiso de acordar un calendario de plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones. Suena casi como una broma que, 194 días después de que el Ejecutivo español tomara posesión, haya habido tan solo un encuentro, meramente formal y constitutivo. El resto, tirar pelotas fuera desde la Moncloa bien sea por el coronavirus, las desavenencias entre JxCat y Esquerra y mil excusas más. Todo, para no reunirse.

Me viene a la memoria esta situación tan lamentable ahora que el presidente del Gobierno acaba de convocar para el próximo viernes, día 31, una reunión de presidentes autonómicos en La Rioja para hablar de los 140.000 millones que llegarán de Europa y que será la primera presencial desde 2017. El resto han sido todas telemáticas y básicamente relacionadas con la Covid-19. Por motivos diferentes Quim Torra e Iñigo Urkullu ya se han borrado. El primero reclama poder hacerlo telemáticamente dada la situación de la pandemia en Catalunya y el segundo se ausentará porque reclama que antes se reúna la comisión mixta del concierto económico, que es la que debe supervisar la capacidad de endeudamiento como consecuencia de la caída de la recaudación. Sánchez prefiere este tipo de citas en las que aparece con su propia idea de lo que tiene que hacer y en medio de las discrepancias generales de los diferentes presidentes acaba llevando la discusión al final buscado.

Estos últimos días, todos los actores de la política catalana empezando por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pero siguiendo por los diferentes miembros del Govern han denunciado la incapacidad del Ejecutivo español para mantener la más mínima negociación con el gobierno catalán. Es evidente que la línea ya es intentar alcanzar acuerdos con Ciudadanos, mucho más ahora que se va a entrar en temas de presupuestos y de cumplimiento con Europa. Estará bien que el independentismo tome nota de que sigue siendo imposible negociar con España. No solo eso, sino que el recrudecimiento de la acción judicial contra los líderes independentistas, a los que el Tribunal Supremo quiere devolver a la prisión y retirarles las prerrogativas que se les había sido concedido, primero del 100.2 y hace una semana del tercer grado, tiene muy poco de justicia y mucho de atropello de sus derechos por su ideología.

Uno no puede dialogar y negociar consigo mismo por más que lo intente. Y eso es de lo que cada vez más gente empieza a darse cuenta. Y el retorno de los presos políticos a la prisión acabará teniendo consecuencias. Si no, al tiempo.