Mientras los partidos independentistas no dejan de discutirse por cualquier cosa, su base ciudadana protagoniza reiteradamente situaciones que bien podrían figurar en el capítulo de los récords Guinness. Este jueves, la Caixa de Solidaritat ha anunciado que había pagado los dos millones que aún faltaban de la multa de la consulta participativa del 9-N impuesta inopinadamente por el Tribunal de Cuentas y que ascendía a 4.988.620,11€. Una decisión claramente arbitraria ―¡les obliga a pagar la compra de unos ordenadores que siempre han sido propiedad de la Generalitat y que se siguen utilizando en los centros escolares!― por parte de un órgano administrativo repleto de políticos del PP y del PSOE y con lazos de parentesco que alcanzan a 100 empleados.
Con el pago de esta multa se evitará el embargo de las propiedades de los acusados, auténtico objetivo de la nueva estrategia diseñada para atemorizar al independentismo y que pretende ir más allá de la prisión del 1-O y de la inhabilitación: multas de cuantía elevada para arruinar a dirigentes independentistas como fórmula coactiva tan o más eficaz que las que el Estado ha utilizado hasta la fecha para reprimir el movimiento soberanista.
La Caixa de Solidaritat también ha abonado el dinero que faltaba ―unos 700.000 euros― para levantar el embargo de los afectados por el juzgado 13 de Barcelona hasta los 5,8 millones, la cantidad a que se eleva la fianza impuesta a los investigados. Fuera de estas elevadas cuantías, están las ayudas que se han prestado a más de 140 personas que se pueden considerar represaliados por el Estado.
Un ejemplo más de la concienciación ciudadana y de la extensa base que da apoyo al independentismo. El elevado nivel de represión que vemos a diario hará precisas nuevas ayudas económicas en los próximos tiempos. Quizás los partidos discutirán y discutirán, pero los más de dos millones del 1-O parecen dispuestos a demostrar a diario que por ellos no será.