El juez Pablo Llarena no quiere juzgar al president Carles Puigdemont solo por malversación y el Tribunal Supremo filtra que la mejor opción es retirar la orden de extradición. La derecha española no acepta la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein y se lanza a plantear la retirada del espacio Schengen. El europeísmo de salón de los herederos del franquismo es una pose, todo el mundo lo sabe. La derecha española nunca ha sido europeísta ni constitucionalista. Para ser una cosa y la otra ha tenido que pervertir ambas.

Por eso, la idea de una España nuevamente con fronteras emerge con fuerza. Como hace unos meses se lanzó también contra la pérfida Alemania, cuando tampoco extraditó a Puigdemont. El juez Llarena ha sido desautorizado por la justicia europea. Machacado por sus colegas alemanes, belgas, suizos y, en camino está, la justicia escocesa. Pero con Llarena caen políticos y periodistas, soberbios intérpretes de la gran mentira del golpe de estado.

Veinticuatro horas después de que se hiciera pública la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein, a Llarena no se le han acabado los problemas. Una demanda impulsada por Querellants per la República suma 3.418 denunciantes en el Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales. Es muy posible que sea rechazada pero seguirá su camino judicial en Europa donde el castillo de naipes ya se está viendo que es muy vulnerable.

Y los abogados de los presos pidiendo su inmediata libertad. Y la calle, nuevamente, protagonizando este sábado una manifestación de fuerza, de solidaridad, de dignidad y de entereza. España, temerosa del juicio europeo, en su laberinto. 

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