Separemos el grano de la paja: el Estado español enfila el tercer president de la Generalitat consecutivo. Después de inhabilitar al president Artur Mas y que el president Carles Puigdemont optara por el exilio en Bruselas, después de la suspensión de las instituciones de autogobierno de Catalunya y la represión al Govern y a los líderes políticos y sociales, llega el turno ahora de Quim Torra. La Junta Electoral Central ha llevado el caso de los lazos amarillos y las pancartas en el Palau de la Generalitat a la fiscalía por considerar que hay indicios de delito. En concreto, el de desobediencia, lo que si se acabara consolidando esta posición y abriendo juicio oral, comportaría muy probablemente la inhabilitación de Quim Torra. 

No deja de ser sorprendente y del todo exagerada la necesidad de la Junta Electoral Central de imponer una decisión manifiestamente injusta como es la prohibición de los lazos amarillos alegando que es simbología política y que interfiere la campaña electoral. Los lazos amarillos son fundamentalmente un recuerdo permanente de que hay presos políticos y exiliados, la constatación de una anomalía democrática y un ejercicio de libertad de expresión. La pregunta sobre si valía la pena o no mantenerlos a toda costa tenía poco sentido en un Govern que ha decidido plantear con el Estado solo conflictos de baja intensidad. De ahí, seguramente, la idea de sustituir la pancarta situada en la fachada del Palau de la Generalitat por otra en la que se podía leer "Llibertat presos polítics i exiliats", cambiar el lazo amarillo por uno blanco con una franja roja encima y colocar otra segunda pancarta a la izquierda en la que se reclama libertad de expresión.

El quiebro de Torra y de facto de todo el Govern, ya que las conselleries se poblaron de lazos blancos, aún molestó más a la Junta Electoral, que, este jueves, además de llevar el tema a la fiscalía, ha ordenado al conseller de Interior que a su vez ordene a los Mossos retirar pancartas y lazos de los centros oficiales y ha abierto un expediente sancionador ―una multa, de hasta 3.000 euros― al president Torra. Es obvio que la JEC buscaba desde el principio con su gesto de autoridad ―más bien autoritario― doblegar a Torra y al Govern, cosa que de una manera o de otra acabará pasando bien porque retiren los lazos y pancartas de los diferentes centros oficiales por iniciativa propia o por una actuación de los Mossos. Y, si de paso, acaba todo con una inhabilitación del president, objetivo logrado.

Que todo ello sea por unos lazos demuestra los miedos de un Estado que solo impone sus decisiones a través de decisiones judiciales y de la actuación policial. Incluso llevando el tema al absurdo, como es ahora el de los lazos blancos. Pero también debería hacer reflexionar al Govern sobre el sentido final de realizar un pulso a su adversario político cuando hay opiniones internas tan divergentes, la unidad brilla por su ausencia y el liderazgo está tan cuestionado.