¿Cuánto tiempo más puede pasar la justicia española en el lodazal por el que se arrastra? ¿Es razonable que una y otra vez la justicia europea condene a España? El último caso ha sido este martes, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a Arnaldo Otegi en su demanda contra el Estado español alegando que no había sido juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Fue en la Audiencia Nacional, en septiembre de 2011, y pasó seis años y medio en prisión. Inicialmente, la condena fue de diez años de cárcel, que le fue rebajada, y otros diez de inhabilitación, que se le mantuvo y que aún dura. La justicia europea es lenta, muy lenta. Pero implacable. La cuestión sin embargo no es esa, ya que una justicia que llega tan tarde es injusta por naturaleza sobre todo cuando pasan por delante cuestiones extrajudiciales como el escarmiento o la unidad de España.

El caso Otegi nos coge mucho menos lejos de lo que parece, más allá de las simpatías o antipatías que uno le pueda tener al líder abertzale. Porque no es nada diferente de lo que estamos viendo en Catalunya con la causa instruida por el juez Pablo Llarena a raíz del 1 de octubre y ratificada, cuando ha tenido que hacerlo, por la sala correspondiente del Tribunal Supremo. El escrito de la Fiscalía General del Estado con petición de penas de más de 200 años, empezando por los 25 que pide al vicepresident Oriol Junqueras, también va en la misma dirección. Nada hace prever que las sentencias que dicte el tribunal después del juicio no acaben siendo muy duras, se rebajen, al final, un grado o no. El Estado ha calcado la actuación judicial en Euskadi a la hora de aplicar su receta en Catalunya. El hecho de que allí hubiera muertos, en ocasiones a diario, y aquí en Catalunya un proceso pacífico de reclamar la independencia no ha sido suficiente para alterar el modus agendi de un Estado herido en su orgullo e incapaz de entender la demanda catalana.

El Estado ya sabe que perderá en Europa el proceso del 1-O si no se produce una rebaja de penas tan importante que acabe quedando tan solo la desobediencia. Algo a lo que no está dispuesto a ceder. Pero eso sucederá dentro de muchos años. Cuando, creen, el escarmiento haya hecho su efecto. Las justicias belga y alemana sí que están en la tesitura de que si algo hubo fue tan solo desobediencia, más allá de toda las intoxicaciones que se han querido propagar ante cada sentencia judicial que se ha producido en aquellos países. Por eso no hay ninguna euroorden vigente y tanto Puigdemont como los consellers exiliados pueden moverse por todo el mundo menos viajar a España. Pero, como escribió el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al magistrado del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, unas horas antes de que falleciera: "Cambiaste el rumbo de la Historia de España". Con mayúscula, claro, historia.

Lo más preocupante es que cuando alguien vive siempre en un lodazal se acaba acostumbrando a él. Y si no, ¿qué es, por ejemplo, la marcha atrás que ha realizado el Tribunal Supremo en el tema del impuesto hipotecario? Ha sido necesaria la fractura del Tribunal Supremo para hacer marcha atrás en la decisión inicialmente adoptada, algo realmente insólito como última instancia judicial que es del ordenamiento jurídico español. No se podía haber hecho peor para la imagen de la justicia y la opinión que acaban teniendo de ella los ciudadanos.