El Tribunal Constitucional ha respaldado la doctrina del Tribunal Supremo de que, pese a las decisiones de la justicia europea, se mantienen las órdenes de detención en España de Carles Puigdemont y de Toni Comín. Si no fuera trágico por el enorme dolor que comporta esta situación injusta sería hasta cómico el alejamiento sideral entre la justicia europea y la injusticia española: la España judicial desconectando de las decisiones de la justicia europea; Puigdemont y Comín pudiendo viajar hasta Perpinyà y pasando una parte de sus vacaciones a pocos kilómetros de sus domicilios, el primero en Girona y el segundo en Barcelona; y la gendarmerie activando un dispositivo de seguridad, discreto pero eficiente, para que no se produzca ningún susto en suelo francés. Y uno no puede menos que preguntarse cómo puede ser posible que el Constitucional español se pase por el forro las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aunque para ello utilice un subterfugio jurídico, que es lo que acaba haciendo.

Pero es obvio que en todas las altas instancias de la judicatura española se ha preferido pasar la vergüenza de quedar señalados lejos de Madrid como un estado que no respeta resoluciones europeas y derechos fundamentales antes que rectificar y poner punto final a la persecución contra el independentismo, la causa general iniciada en 2012 y mantener la doctrina puesta en práctica que presenta a Puigdemont como el enemigo público número uno.

Y por si quedaran dudas de la actitud y de las escasas ganas de rectificación se hace público la víspera de la Diada Nacional de Catalunya que la titular del juzgado número 13 de Barcelona había dado por concluido el sumario contra una treintena del altos cargos del Govern por la organización del 1-0 y ha resuelto llevarlos a juicio. Entre ellos, los responsables de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (CCMA) y cualificados miembros del sottogoverno del momento. Aunque los delitos de los que se les acusa son muy diferentes, ninguno de ellos es menor: malversación de fondos públicos, falsedad documental, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación. 

Debe ser una manera por parte de la justicia española de recordar que Pedro Sánchez hará lo que quiera con la denominada mesa de diálogo y el acuerdo de desjudicializar el conflicto político, pero que ellos tienen agenda propia y no están, ni mucho menos, por la labor. Suele decirse siempre que la agenda política la marcan los gobiernos. Hace tiempo que en España esto no es así y tanto la agenda política como la judicial la marcan los jueces, un colectivo que, por otro lado, está revuelto arriba de todo. Con una renovación pendiente en su cúpula, el Consejo General del Poder Judicial, y un duro pulso entre el sector muy conservador y el conservador. Alguien debe haber pensado qué mejor día para dejar claro que ellos siguen estando presentes, no hay muchos como el 11 de Setembre, y que sendas cartas de presentación como las de este jueves por parte del Tribunal Constitucional y del juzgado 13 de Barcelona igual hasta ayudaban. 

Cada vez es más verdad aquello que parecía totalmente olvidado de que Spain is different y Europa empieza en los Pirineos.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat