La ciudad de Tarragona se ha visto obligada a tener que renunciar a la celebración de los Juegos del Mediterráneo, un acontecimiento deportivo de primer orden en el que participan países de las dos riberas, previsto para el próximo mes de junio. Unos pocos millones de euros, no más de quince, han acabado siendo el detonante para un irremediable fracaso para la imagen de la ciudad, que hacía muchos meses que vendía el merchandising de los Juegos y sobre los que debía cimentarse una campaña de proyección de la ciudad y del sur de Catalunya.

Si a principios de semana era la Cambra de Comerç de Barcelona la que explicaba, con numerosa documentación, el desgarro que había supuesto el hecho de que en 2015 Catalunya hubiera recibido el nivel de inversión estatal más bajo desde 1997 y el sinsentido que suponía el hecho de que el Estado estuviera priorizando el Ave a Galicia por delante del Corredor Mediterráneo, la suspensión de los Juegos del Mediterráneo es sin paliativos una noticia escandalosa. En primer lugar y sobre todo porque el Estado ha ido retrasando una aportación económica imprescindible a la que se había comprometido y que personalmente había garantizado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante una visita que realizó a Tarragona en la pasada campaña electoral del mes de junio. El dinero nunca llegó y es obvio que el hecho de que hubiera un gobierno en funciones puede ser utilizado como excusa, pero tan sólo eso.

También tiene su parte de culpa el alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, que durante muchos meses se ha resistido a ver este final y ha confiado en la palabra dada. Mientras, obras como la piscina olímpica o el Nou Estadi sufrían demoras irrecuperables. El hecho de que se ya acordado que se celebrarán en 2018 no deja de ser una chapuza política y ciudadana. Desde hace tiempo se celebran tras el año olímpico, que suele ser el que tiene menos competiciones deportivas internacionales y así se garantiza el éxito. Eso no sucederá en el verano de 2018.

Además, será la primera vez desde 1951, en que celebraron su primera edición, que se aplazarán. Hay que preguntarse por qué el Estado español se ha desentendido por quince millones cuando, por ejemplo, aportó alrededor de 40 millones en los Juegos del Mediterráneo del 2005 que se celebraron en Almería. No hay que ser un gran analista para situar la decisión del gobierno español muy lejos del acontecimiento deportivo y mucho más próxima al proceso independentista que se vive en Catalunya y que puede tener el próximo verano un momento álgido y los Juegos pueden ser una muy buena plataforma de proyección internacional. La paradoja es, en todo caso, que el alcalde de Tarragona es del PSC y que gobierna la ciudad con el Partido Popular y con Unió. Pero eso no ha debido pesar suficiente en Madrid. Al menos en todos estos despachos donde se toman estas decisiones y que cada vez necesitan más que las ventanas se abran para que se vaya el olor a naftalina.