Las protestas de jueces en la calle manifestándose contra un proyecto de ley del Congreso de los Diputados que no ha sido aprobado y tampoco se ha empezado a debatir son una cosa tan sui generis como la paella o el gazpacho: made in Spain. Que los mismos que defienden que España es un estado de derecho y que hay separación de poderes salgan a la calle para protestar contra la proposición de ley de amnistia, acordada por el PSOE con los partidos independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, bordea el despropósito y roza el ridículo. Porque más allá de la ideología de cada juez, magistrado o personal de la judicatura, no es lo mismo ver protestando en la calle a militantes o simpatizantes de un partido político, que están en su derecho de expresarse por cauces democráticos, que a los que tienen que impartir justicia, porque esta es su función y no otra.

Son imágenes peligrosas las que estamos viendo estos días en diferentes ciudades, como Sevilla o Córdoba, y que no tienen lugar de una manera espontánea, sino que son el resultado de convocatorias como la del juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero. El magistrado había pedido a todos sus compañeros que se concentraran este martes en los bajos del edificio de la Audiencia de la capital andaluza para expresar el rechazo de los magistrados y jueces a las referencias contenidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts, específicamente en todo el relacionado con el lawfare o la judicialización de la política y sus posibles consecuencias. Hombre, si lo que quieren es protegerse contra las acusaciones de lawfare hacen justo lo contrario, ya que al expresar su rechazo a una medida legislativa dan pie a pensar que su pronunciamiento, llegado el caso, sería un lawfare de manual.

Pedro Sánchez solo tiene una carta: reformar el Estado antes de que el Estado acabe con él

Hay convocadas nuevas concentraciones en los próximos días en Jaén y Almería y, como suele suceder en estas ocasiones, es más que probable que esta acción de rebeldía se acabe extendiendo a otras ciudades españolas. Como nada de todo ello es casual, me imagino que en esta carrera de la derecha para llegar al clímax perfecto para crear una situación lo más cercana a una insurrección, iremos viendo cosas a diario. La política española ha entrado en una espiral golpista que los medios de comunicación de la derecha española no hacen sino alentar. El último, un pronunciamiento de 18 exministros —dos de ellos socialistas— y 150 exparlamentarios contra la ley de amnistía. Entre los muchos nombres, el de Rodolfo Martín Villa, imputado en un proceso penal que investiga los crímenes franquistas y que se tramita en un juzgado criminal y correccional de la República Argentina. A Martín Villa se le imputan un total de once homicidios agravados —asesinatos— durante el período comprendido entre los años 1976 y 1977, cuando ocupó los ministerios de Relaciones Sindicales y, posteriormente, de Gobernación. Hay compañeros de viaje que a lo mejor habría que mirar dos veces antes de compartir trayecto.

Estas semanas estamos asistiendo a muchos momentos que llevábamos décadas sin ver y que solo los que vivimos los últimos tiempos de la presidencia de Adolfo Suárez somos capaces de recordar. La maquinaria desestabilizadora del Estado, que ha estado actuando impunemente contra el independentismo —y de manera muy especial contra el president Carles Puigdemont— entre el silencio de todos aquellos que hoy denuncian esta manera de hacer, ha iniciado un camino para moverle la silla a Pedro Sánchez. Lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, ya que no será una situación de corta duración. La oposición estará en el parlamento, pero lo acabará desbordando porque la maquinaria que se ha puesto en marcha seguramente ya es imparable y el choque de trenes se producirá. Sánchez solo tiene una carta: reformar el Estado antes de que el Estado acabe con él.