Leo que el rey Juan Carlos I está pensando en exiliarse en la República Dominicana ante el futuro penal que tiene por delante, la intervención anunciada de la Fiscalía del Tribunal Supremo y, sobre todo, la actuación de la justicia suiza que, implacablemente, va haciendo su trabajo. Mientras llega ese momento, la soledad es su única compañía: uno se imagina al emérito encerrado en sus aposentos de palacio, repudiado socialmente, ya que ha dejado de ser invitado a cualquier evento público o privado, y, prácticamente sin contacto alguno si no es telefónicamente. El monarca codicioso que durante tantos años estuvo por encima del bien y del mal y que milagrosamente logró salir indemne del juicio histórico del golpe de Estado del 23-F ve películas del oeste como único consuelo para tratar de no pensar en su desgraciado final ganado a pulso.

El establishment sigue intentando tapar la olla a presión que suponen todas las informaciones que relacionan a Juan Carlos I con la corrupción, y así una noticia tan importante como que la Fiscalía le investigue encuentra un hueco pequeño en las portadas de los diarios de papel o, literalmente, deja de estar. Acaban hablando más los diarios extranjeros que los españoles y periodistas europeos se interrogan ingenuamente sobre por qué debe ser. ¿Alguien se imagina que una investigación sobre su rey durante 39 años pasaría tan desapercibida en países de nuestro entorno donde también la monarquía ostenta la jefatura del Estado? Pues eso en España pasa. ¿Alguien se imagina que con todos los indicios que hay a la vista los dos partidos mayoritarios de izquierda (PSOE) y de derecha (PP) se opondrían a una investigación parlamentaria? Pues en España pasa. ¿Alguien se imagina que el jefe del Estado que le ha sucedido podría no dar ninguna explicación y tampoco se le demandaría nada más allá de un pequeño comunicado exculpatorio? Pues en España pasa.

La justicia en España no es igual para todos. Eso ya lo sabemos y se ha podido comprobar durante el juicio a los líderes independentistas catalanes. Solo en un país donde conceptos como democracia, justicia o libertad son tan laxos como en España pueden más los fantasmas del pasado que los hipotéticos delitos cometidos. La corrupción de la familia real española ha hecho implosionar el Estado en un momento importante en que se juntan la crisis institucional con la crisis económica, la crisisi política con la crisis territorial, la crisis de liderazgo con la explosión de la ultraderecha y el primer gobierno de coalición con una rebelión de los uniformados en defensa de su particular visión de España. España se deshilacha mientras el presidente del Gobierno trata de enredar al primero que se le pone a tiro en una carrera desenfrenada que no parece tener rumbo alguno. 

Solo una comisión de investigación parlamentaria salvaría a los partidos que corren un serio riesgo de caer con el sistema. Unidas Podemos ha anunciado una propuesta para investigar a Juan Carlos I en el Congreso e incluso Vox dice que se tiene que someter a la justicia "como un ciudadano más" y deja en el aire su posición ante la comisión de investigación. Los grupos independentistas y los minoritarios del Congreso ya la han vuelto a reclamar. PP y PSOE son mayoría, ciertamente, ¿pero compensa su única alianza en tiempo para proteger una investigación sobre corrupción? Cuesta pensar que la respuesta no sea afirmativa si no tienen nada que ocultar o que temer.