Uno de los objetivos de un encarcelamiento tan largo y con una injusta prisión provisional como la que padecen los presos políticos catalanes es deshumanizarlos. Hacer que desaparezcan del imaginario colectivo no solo físicamente sino hasta que, literalmente, caigan en el olvido. Esto, junto al escarmiento al conjunto del independentismo, son los dos ejes de actuación de la represión practicada por el Gobierno español desde que decidió que no había solución posible al conflicto catalán en la que quisiera trabajar. Y que el único camino a seguir era la aplicación estricta y desmesurada del código penal. Un total de 704 noches encarcelados entre Soto del Real y Lledoners, los Jordis, Sànchez y Cuixart, los primeros dirigentes independentistas que envió a prisión la juez Carmen Lamela como responsables de la ANC y Òmnium, y como organizadores de la multitudinaria concentración frente a la conselleria d'Economia el 20 de septiembre de 2017 y de la que este viernes se han cumplido dos años.

Recordar a los Jordis es una manera, en muchos aspectos la única, de demostrar, por un lado, empatía con lo que hicieron y, por otro, afecto y agradecimiento por la injusta situación que atraviesan. Si en un proceso viciado como el del juicio del procés hay algo desproporcionadamente injusto y que no tiene ni pies ni cabeza es el caso de los Jordis y el de Carme Forcadell, la presidenta del Parlament cuando fue conducida a prisión. Pagaron exclusivamente por el cargo que ocupaban y por su importante liderazgo social ya que como quedó meridianamente demostrado en el juicio, Sànchez y Cuixart, si algo hicieron, fue tratar de reconducir la concentración creando cordones de seguridad y su actitud fue pacífica de principio a fin.

Pero claro, eso no encajaba en el guión. Hacía falta sostener que había habido tumulto frente a la conselleria d'Economia para que se pudieran justificar las elevadas penas del Ministerio Fiscal. Si no, una parte de la causa se caía como un castillo de naipes y el inventado relato se evaporaba y no quedaba nada. Hoy, Jordi Sànchez ha dado el salto a la política y encabezó la candidatura a las elecciones españolas de Junts per Catalunya el pasado abril y es más que probable que repita como candidato en las convocadas para el mes de noviembre aunque, por en medio, está la condena del Supremo que puede inhabilitarlos antes de los comicios. Cuixart ha conservado la presidencia de Òmnium y ha hecho de la desobediencia civil el principal argumento para mantener la lucha contra el Estado. Su libro Ho tornarem a fer es, en este aspecto, suficientemente elocuente. 

En este segundo aniversario del 20-S, Cuixart incluso ha asegurado que no piensa pedir ningún indulto, que cumplirá íntegramente la condena y que no aceptará beneficios penitenciarios y que con la sentencia en firme por parte del Supremo se abre la puerta a un escenario de lucha antifranquista. Los Jordis, como Forcadell,y los miembros del Govern Junqueras, Turull, Rull, Forn, Romeva y Dolors Bassa siguen permanentemente presentes en la vida política y social de Catalunya. Igual que los exiliados en Bruselas, Puigdemont, Comín y Puig; Escocia, Clara Ponsatí; Ginebra, Marta Rovira y Anna Gabriel; y tantos otros hoy privados de una situación de libertad plena. El Estado es obvio que en este punto ha fracasado ya que no ha conseguido invisibilizarlos, como era su objetivo.