Más de cuatro meses después de las violentas cargas practicadas por la policía española y de las que ni el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ni el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, han pedido perdón ni en público ni en privado a las más de 1.000 personas que necesitaron atención sanitaria aquel 1 de octubre, un juzgado de Barcelona ha dado el primer paso para conocer la verdad. Dos agentes antidisturbios de la Policía Nacional han sido citados como investigados, el juez ha solicitado las comunicaciones entre el centro de control y los mandos de los antidisturbios y el coordinador del dispositivo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha sido citado como testigo.

Es el primer paso para cauterizar el falso relato que ajeno a la verdad se ha tratado de propagar: la violencia estuvo en los manifestantes y la policía no tuvo más remedio que actuar ante la obstrucción manifiesta a realizar su trabajo. Es muy posible que el trabajo del juzgado número 7 de Barcelona quede interrumpido en algún momento por instancias judiciales superiores que consideren que el caso ya está siendo instruido por la Audiencia Nacional o por el Tribunal Supremo. Pero el hecho de que se hayan presentado en este juzgado más de doscientas denuncias de heridos en las cargas del 1 de octubre es un material suficiente para que se puedan abordar individualizadamente cada uno de los graves sucesos que se produjeron y sobre los que hay material fotográfico y vídeos suficientes.

El tiempo transcurrido desde el 1-O quizás ayuda a tener una perspectiva más ajustada de lo que en aquella negra jornada sucedió. La manera como se ha negado la realidad de la violencia policial no ha hecho sino reforzar la idea de que el sólido pacto entre PP, PSOE y Cs también llevaba aparejado cerrar filas ante la gravedad de los hechos y negarse a cualquier investigación independiente. Ni la crítica internacional de políticos, instituciones y entidades, ni el papel jugado por los medios de comunicación de todo el mundo en la propagación de unas imágenes inaceptables en cualquier democracia, de la policía apaleando a ciudadanos que querían votar, había conseguido traspasar el muro de la justicia.

Los ciudadanos que defendieron el derecho a votar merecen una explicación. Los heridos que padecieron la violencia policial merecen una explicación. Los que criticaron desde cualquier lugar la violencia policial merecen una explicación.

La defensa de la verdad y llegar hasta el final en su búsqueda, a veces no es ni fácil ni cómoda. Quizás por eso tan solo ya es una buena noticia.