Creo que es poco discutible que la internacionalización del conflicto catalán es la gran baza del independentismo. Alrededor de valores democráticos como el derecho a votar y en defensa de derechos fundamentales violentados y de denuncia de la represión española se han producido los mayores apoyos que ha tenido la causa catalana. La internacionalización del conflicto ha permitido que diferentes parlamentos europeos se hayan pronunciado al respecto, se hayan creado grupos de apoyo en numerosas cámaras legislativas y que los medios de comunicación internacionales sigan con mayor interés que nunca el conflicto catalán.
La persistencia en este camino da resultados, aunque, obviamente, el trayecto, en muchos momentos, se hace pesado y angosto. Entre otras cosas porque la mentalidad de resistencia no ha formado nunca parte del engranaje político catalán, capaz de construir historias maravillosas e incapaz de aguantar el pulso cuando las cosas van mal dadas. Este domingo, la internacionalización del conflicto se ha anotado un buen tanto con el manifiesto de 41 senadores franceses que reclaman la intervención de Francia y de la UE bajo un título lo suficientemente significativo: "Por el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de Catalunya".
La centralista Francia, la jacobina Francia, ha sido capaz de alzar la voz de 41 senadores, una minoría significativa, para expresar la preocupación por los acontecimientos que se ha producido en Catalunya. No se limita a reclamar respeto a los derechos y libertades fundamentales de Catalunya, sino que también denuncia la represión política de sus líderes políticos, el juicio en el Tribunal Supremo y el hecho de que unos representantes políticos elegidos hayan sido encarcelados o obligados a exiliarse por expresar "sus opiniones en el ejercicio de los mandatos que los electores les encargaron". Todo ello lo consideran los firmantes un ataque contra las libertades y los derechos democráticos.
El hecho de que entre los firmantes haya senadores de seis fuerzas políticas -entre ellas la del presidente Macron- y de todas las regiones francesas demuestra la transversalidad del importante documento y lo lejos que está España de conceptos básicos como libertades, derechos y democracia a la hora de atender demandas legítimas como la de la sociedad catalana.