La decisión del PSC y de su presidenciable en las elecciones del pasado 14 de febrero, Salvador Illa, de llamar a la puerta del Tribunal Constitucional para que deshaga la decisión de la Mesa del Parlament de aceptar la delegación del voto del conseller de Cultura exiliado en Bruselas y actual diputado de la XIII legislatura del Parlament por Junts, Lluís Puig, supone la primera postal de lo que pretende ser la posición de los socialistas ya como primer partido de la oposición. Se repite, en eso también, el modelo Arrimadas como jefa de la oposición: llevar al Tribunal Constitucional las medidas que previamente haya perdido en la Mesa del Parlament y que su decisión final tenga que ver con la soberanía de la cámara.

Con esta iniciativa, Illa formaliza la ruptura de amarras con el bloque soberanista —si no da marcha atrás— y coloca a los miembros del órgano de gobierno parlamentario que votaron a favor de la aceptación de la delegación del voto de Lluís Puig ante su primera confrontación con la decisión que acabe adoptando el Tribunal Constitucional.

El conflicto se remonta a la constitución del nuevo Parlament de la presente legislatura, en que fue escogida presidenta Laura Borràs y se designaron todos los miembros de la Mesa. En aquella ocasión, los tres miembros de la mesa de edad se decantaron por no aceptar el voto de Puig, exiliado en Bélgica. Votaron en contra de que su voto fuera válido David González, del PSC, y Albert Terradas, de Vox, y a favor Ernest Maragall, de Esquerra Republicana. Una situación diferente se vivió en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès como candidato a president de la Generalitat. Entonces, la Mesa ya constituida validó la delegación de voto con la aprobación de cuatro de los siete miembros —Laura Borràs, Anna Caula, Ruben Wagensberg y Pau Juvillà—, los dos votos en contra de los diputados del PSC y la abstención del independentista Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts, que a la postre desencadenaría un contencioso que acabaría con su salida de la Mesa.

Es obvio que la decisión poco o nada tiene que ver con el hecho puntual de que Puig haya hecho una delegación del voto al uso con prácticas que recoge el reglamento. Lo que el PSC pretende es que se imponga la doctrina aplicada en la anterior legislatura, a partir de un informe de los letrados de 2018 que llevaba por título "Informe jurídico sobre posibles cuestiones que se pueden suscitar al inicio de la nueva legislatura". Pues bien, en el citado informe se distinguía entre las circunstancias en que se encuentran algunos diputados y diputadas en situación de prisión provisional respecto de las de otros que se encuentran en Bélgica y en otras circunstancias procesales, concluyendo los letrados que no cabía la posibilidad de delegar el voto en el caso de los que se encontraran en esta última circunstancia.

Estamos, por tanto, ante el primer choque si, como cabe presuponer, el Constitucional acaba aceptando el recurso del PSC y la Mesa del Parlament mantiene su criterio. Sobre todo, porque la presidenta del Parlament ha sido taxativa al respecto y ha hecho bandera de su radical decisión de preservar la autonomía de la Cámara y su soberanía, al margen de las decisiones imperativas de los tribunales. Laura Borràs tendrá, en función del ritmo que establezca el TC y, obviamente, de su decisión, una verdadera patata caliente en la Mesa.