Pablo Iglesias no es miembro del gobierno de Pedro Sánchez pero negocia en nombre del Gobierno. Y no cualquier ley, sino la de presupuestos. Enfrascado como está en sacarlos adelante como sea, el viernes traspasó los muros de la prisión de Lledoners y le ofreció a Oriol Junqueras un reconocimiento oficial como preso político y líder indiscutible de ERC para cualquier negociación política. En la derecha española cayeron chuzos de punta por llevar la discusión de la ley de presupuestos a un centro penitenciario. Ya expresé aquel mismo día mi impresión de que al traspasar Iglesias los muros de la prisión para negociar una ley del Estado se hacían evidentes dos cosas: que el Estado español había perdido la batalla de fondo y que Sánchez quedaba obligado a mover pieza si quería sacar las cuentas adelante.

Este domingo por la tarde se ha producido la segunda parte de la sesión de viernes. Cuarenta y cinco minutos de conversación telefónica entre Iglesias y el president Carles Puigdemont. El líder de la formación morada no ha viajado a Waterloo —lo hará solo si hay una opción de que los presupuestos puedan salir adelante—, pero sí ha tenido que marcar el número de teléfono de Puigdemont y reconocerle dos cosas: que es un interlocutor político importante independientemente de su situación procesal y no es un huido de la justicia, como tanto se repite desde los espacios unionistas, sino un exiliado. Interlocutor importante y exiliado. Suficiente por parte del líder de Podemos para tratarse de un primer contacto.

El entorno de Puigdemont quedó satisfecho con la conversación telefónica sabiendo que los movimientos a realizar han de ser del gobierno socialista y del presidente Sánchez, y han de afectar a los presos políticos y abrir el melón del referéndum acordado. Dos cuestiones estas que el Gobierno español, al menos en público, no quiere ni tan siquiera situar como dos temas objeto de negociación. En el primer caso, porque se remite a la independencia de la justicia, obviando voluntariamente tanto su capacidad de influencia en la fiscalía como su total competencia en el caso de las decisiones de la Abogacía del Estado. Y, en el segundo, porque por activa y por pasiva ha habido una negativa del Estado a acordar un referéndum.

Junqueras el viernes y Puigdemont este domingo han enviado un mensaje idéntico al líder de Podemos, que ya sabe que los números para sacar adelante los presupuestos no salen. La pelota regresa a Sánchez, que sabe que debe correr riesgos si quiere sacarlos adelante.