La reunión celebrada este lunes en Bruselas entre Carles Puigdemont y Yolanda Díaz supone, de facto, el reconocimiento de la legitimidad por parte del gobierno español del president en el exilio desde finales de octubre de 2017. El hecho de que la número tres del Ejecutivo español —detrás de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño— haya viajado expresamente a la capital comunitaria, haya publicitado su visita y se haya reunido durante más de tres horas en el Parlamento Europeo con el que hasta hace tan solo unas semanas era definido desde el mismo atril del Consejo de Ministros como un prófugo de la justicia española; y, finalmente, que el primer encuentro público en vísperas de que se cumplan seis años del exilio de Puigdemont con un miembro del Gobierno lo sea con quien ostenta el rango de vicepresidenta segunda, supone una cadena de gestos y un salto indiscutible respecto a lo que hemos visto estos últimos años.

Es obvio que han desaparecido de un plumazo todos los discursos y acusaciones y ahora se trabaja para desdecirse de lo que se ha dicho desde las instancias oficiales. Veremos cómo justifica el gobierno español o cómo hace compatible —y explicable en las cancillerías europeas— su posición extrema en el Parlamento Europeo en cuestiones como la inmunidad de Puigdemont o las peticiones de extradición planteadas por Llarena cuando le está reconociendo su legitimidad y, por extensión, la situación de exiliado. La aritmética política en el Congreso de los Diputados ha provocado una situación diabólica desde la misma noche de las elecciones del 23 de julio al recaer la gobernabilidad de España, muy fundamentalmente, en Junts per Catalunya. PNV, Bildu y Esquerra también tienen mucho que decir, pero su posición política en los últimos cuatro años los convierte en socios o aliados más fáciles para Pedro Sánchez y, por eso, todas las miradas están fijadas en Waterloo y, por extensión, en Bélgica. La derecha española desbarra ante el diálogo entre Puigdemont y el Gobierno mientras trata de justificar su próximo encuentro con Junts como una cosa normal. Son los límites de la política patosa del Partido Popular.

Las negociaciones para la investidura de Sánchez igual no han empezado y estamos aún en la fase previa de las conversaciones y del diálogo. El propio Puigdemont se ha limitado a hablar de diálogo y de relaciones políticas entre formaciones de diferentes ideologías e ironizar con que esta debería ser una situación de normalidad democrática en la Unión Europea. Pero todo apunta a que el pistoletazo de salida para la continuidad de Sánchez en la Moncloa ya se ha dado. De hecho, aunque el encuentro fue calificado de cordial por ambas partes, todo el mundo sabe que Yolanda Díaz es simplemente una facilitadora del acuerdo y que las negociaciones propiamente dichas tendrán que ser con el PSOE y, en un momento u otro, con Pedro Sánchez. Si no, la investidura quedará colgada, en el aire, y no se llegará a materializar. Es normal que la formación de la vicepresidenta, Sumar, esté buscando un sitio en la negociación y, además, que una persona bien valorada en Waterloo como Jaume Asens —también presente en la reunión, igual que el también conseller exiliado Toni Comín— tenga su recorrido en este contexto tan complejo.

Con todos los ojos puestos en la conferencia de Puigdemont este martes en Bruselas y sus posibles condiciones para la investidura de Sánchez, Yolanda Díaz ha conseguido hábilmente colarse en la escena. Al final, lo que tenía que ser una conferencia de partido, ya que inaugura las jornadas interparlamentarias de Junts per Catalunya —Parlament, Congreso, Senado y Parlamento Europeo-—, que se celebran cada año en Bruselas, dada la situación política del president, se ha convertido en un acto de mucho mayor calado político y asistirán, inusualmente, además de otros miembros del partido, delegaciones de Esquerra Republicana y de la CUP. La presencia de dos diputados de ERC en Madrid es especialmente importante y se produce después de que el pasado 21 de agosto en Prada de Conflent y con motivo del cincuenta aniversario del fallecimiento del músico Pau Casals, el president Pere Aragonès le planteara a Carles Puigdemont una estrategia conjunta en Madrid y este último la descartara en estos momentos alegando estrategias diferentes.

Hoy martes, en la capital comunitaria, me temo que el president exiliado, más que fijar sus condiciones para la investidura, querrá establecer la metodología de la misma. Una evolución de la situación que ya se vivió el pasado 17 de agosto cuando para aprobar la presidencia del Congreso para la socialista Francina Armengol exigió que el catalán fuera lengua oficial en las instituciones europeas y que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo solicitara por escrito al Consejo de la Unión Europea. Así, solo con el escrito y el sello de entrada que validaba el compromiso político alcanzado se dio luz verde a Armengol. Pues bien: además de una voluntad real de acuerdo por parte del PSOE —que ya veremos si existe o prefiere ir a nuevas elecciones el 14 de enero—, la investidura debe tener una metodología que incluya la verificación de lo que se acuerde.