Este martes, hacia mediodía, la CUP anunciará el resultado de la votación que ha celebrado desde el domingo por la noche entre su militancia para decidir su postura ante los presupuestos que ha presentado el Govern para el año 2022. Todo apunta a que la formación anticapitalista dará como respuesta un no condicionado: presentarán una enmienda a la totalidad pero expresarán su voluntad de seguir negociando para retirarla, si hay finalmente acuerdo, antes del pleno del Parlament que se celebrará el lunes 22. Hasta ese día, si el resultado de la votación de la CUP fuera el que se pronostica, todo continuaría en el aire y la respuesta definitiva aún se haría esperar.

El Govern ha expresado por activa y por pasiva su voluntad de pactar los acuerdos con la CUP como socio preferente de la legislatura ya que facilitó la investidura del president Pere Aragonès. Lo ha hecho incluso en momentos de estas últimas horas, en que cerrar un acuerdo con el PSC o con los comunes hubiera sido relativamente fácil. Pese a ello, el conseller de Economia i Finances, Jaume Giró, ha priorizado a los anticapitalistas y se ha acercado a demandas de la CUP que no eran fáciles, ni sencillas, al inicio de las negociaciones. Pero la CUP ha priorizado jugar sus bazas de cara a la galería antes que cerrar un acuerdo. Están en su derecho de adoptar la estrategia que más les interese pero una oposición a las cuentas públicas que se han presentado sería, en la práctica, como romper el pacto de legislatura. Como dijo Julio César, alea iacta est.

Abordar un hipotético no de la CUP a los presupuestos no es nada sencillo. Sobre todo porque el resultado del enorme esfuerzo movilizador del 52% del voto independentista en las elecciones del pasado 14 de febrero no debía ser nunca este. Pero el Govern tiene hasta el último momento la obligación de intentar sacar adelante las cuentas públicas ya que por eso aceptó la enorme responsabilidad de hacerse cargo de la dirección política del país. Los 5.618 millones de euros de más que figuran en el proyecto presentado en el Parlament y que suponen un gasto récord, muy concentrado en las partidas sociales, no pueden perderse ya que los ciudadanos de Catalunya los necesitan.

Porque la no aprobación de las cuentas en la Cámara catalana quiere decir eso, que hay que continuar con el presupuesto prorrogado de 2020 y estos 5.618 millones de más irían a parar íntegramente al Estado como devolución de la deuda que la Generalitat tiene contraída. O sea, que además del déficit fiscal que el Estado tiene con Catalunya de unos 18.000 millones anuales, por desacuerdo en la aprobación del presupuesto saldría de Barcelona hacia Madrid un talón sin retorno alguno de 5.618 millones. Genial.

Ante la encrucijada de gobernar o gobernar, el Ejecutivo catalán tiene que hacer justament eso, gobernar. Porque el desgaste político no puede pasar por delante de las necesidades de los ciudadanos. El servidor público no tiene atajos. Tiene, en todo caso, incomodidades, problemas y, quizás, también incomprensiones.  Pero nada sería peor para los ciudadanos catalanes que lanzar por el precipicio unas cuentas públicas que son, sin duda, las mejores posibles.