El juez Pablo Llarena parece contrariado. No es extraño: de las cinco órdenes de extradición cursadas a Bélgica, Alemania y Suiza ninguna ha prosperado hasta la fecha; un grandioso documental sobre los hechos del 20-S ante la Conselleria d'Economia ha dejado meridianamente claro que los Jordis ―Sànchez y Cuixart― actuaron como elementos pacificadores de la multitudinaria manifestación y ni mucho menos como agitadores y, finalmente, existen serias dudas de que su decisión de suspensión de los presos políticos que son diputados sea aprobada por el Parlament, lo que originaría en las próximas semanas un nuevo conflicto institucional. En medio de todo ello, el gobierno español, a través de Instituciones Penitenciarias, ha iniciado los trámites para el traslado de los nueve presos políticos a cárceles catalanas, a lo que no puede oponerse ya que la instrucción está finalizada.

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: ni hubo tumulto el 20-S que justificara la acusación por rebelión, ni los hechos del referéndum del 1-O encajan tampoco en el molde jurídico de la rebelión o sedición. En ninguna de ambas jornadas hubo violencia y todo es un montaje para desinformados con gran estruendo pirotécnico mediático. Queda la malversación, que tampoco ha podido probar el juez Llarena y que el Ministerio de Hacienda niega verbalmente y por escrito pero que, basándose en un informe de la Guardia Civil, el magistrado del Tribunal Supremo ha sacado adelante. El tema es grave por dos motivos: en el juicio, por la condena que comporta, si bien ahí entrará el buen hacer de las defensas y la ayuda inestimable del exministro Montoro; pero, previamente, porque la palanca de tener que depositar una fianza por una malversación no probada le permite, en cambio, a Llarena, actuar contra los bienes y los patrimonios de los nueve acusados con una cantidad enormemente  alta de 2,1 millones de euros. Y exigirles que la depositen en tan solo 48 horas.

Como en otras ocasiones, serán las cajas de solidaridad de la ANC y de Òmnium las que se hagan cargo de las millonarias fianzas del juez pero vale la pena resaltar que hasta la fecha ya se han tenido que depositar ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo unos cuatro millones de euros, y que con los dos que ahora se piden, la cifra depositada superará los seis millones de euros, más de 1.000 millones de las antiguas pesetas. Solo la solidaridad catalana de una sociedad generosa con sus presos políticos permite entender una situación tan anómala como esta. Hasta la fecha, las dos entidades soberanistas han podido cubrir las fianzas de los líderes independentistas encausados en procesos judiciales.

En las últimas horas, se ha lanzado, quien sabe si como un globo sonda, que el juicio no será en otoño como estaba previsto sino que se retrasará hasta después de las municipales y europeas del próximo mes de mayo. Es posible que todo quede en nada y las fechas se mantengan. Pero vale la pena decir ahora, cuando aún falta tiempo, que nada justificaría el retraso ya que la instrucción está finalizada y hay tiempo suficiente para que se mantenga el calendario previsto. Se está jugando con la vida de personas inocentes y honorables, se les retiene injustamente en prisión desde hace meses. No hay motivos y no hay razones. Y tampoco hay caso, como lo ha planteado Llarena. Pero eso, cada vez está más claro.