Ya nadie discute a estas alturas que la policía patriótica puesta en marcha por el Partido Popular mientras gobernaba Mariano Rajoy para tratar de detener el proceso independentista en Catalunya existió y dispuso de medios económicos y materiales más que suficientes para llevar a cabo operaciones ilícitas para incriminar al mayor número posible de dirigentes. Se pincharon teléfonos, se elaboraron dossiers, se fabricaron pruebas falsas. Todo, a cuenta de los denominados gastos reservados y autorizado por las altas instancias del Estado.

Quien más quien menos supo que algo se estaba cociendo a partir de 2012, cuando Artur Mas desplazó el volante del Govern del carril autonomista en el que había ido circulando desde el inicio de la transición. Aunque el PP era el ejecutor ya que estaba en el Gobierno, el PSOE estaba perfectamente al caso de aquellos movimientos a través de algunos dirigentes designados al efecto aunque con los años se haya ido poniendo de perfil.

El principal inconveniente de las policías paralelas es que, creado el instrumento, al margen de las estructuras oficiales, si la necesidad aprieta pueden servir para muchas otras cosas. Todas ilícitas, por supuesto, pero alguien debió pensar: ¿quién va a tirar del hilo de un grupo policial pensado para salvar la unidad de España? Y, por lo que ahora vamos sabiendo, la necesidad realmente apretó cuando el ex tesorero del PP Luis Bárcenas amenazó con hacer público papeles que comprometían a Mariano Rajoy  a través de la famosa caja B del Partido Popular. Entonces la trama político-policial ensanchó su cometido y, de la mano del famoso excomisario José Manuel Villarejo -realmente el policía ya jubilado estaba en todas las salsas del Estado de las últimas décadas- montó una operación para robarle al extesorero los famosos papeles y destruir sus ordenadores con un ministro en la retaguardia (Jorge Fernández) y una secretaria general del PP (María Dolores de Cospedal) en la sala de máquinas.

Con lo que seguramente no contaban es que el número dos del Ministerio del Interior de la época, Francisco Martínez, cuando se vio cercado e imputado en la conocida como Operación Kitchen dijera en una conversación a través de mensajes con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, lo siguiente: "Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospe". Así figura en el informe de 56 folios de la Fiscalía Anticorrupción que ahora se ha conocido. Villarejo está hoy en la cárcel y el PP fuera del Gobierno pero Mariano Rajoy vuelve a estar en el epicentro de actividades policiales irregulares que alentó o consintió y que Francisco Martínez, dolido con el PP porque no le facilitó inmunidad parlamentaria al no incluirle en las listas a las Cortes, puede tener ganas de tirar de la manta.

Ya ha pasado en otras ocasiones en que se han conocido situaciones irregulares a través de personas despedidas -Filesa- y amantes despechadas -Corinna- . Pero si Francisco Martínez está dispuesto a explicar todo lo que sucedió en su época para arreglar cuentas con el PP estaría bien que incluyera en el paquete de la información todo lo que sabe, que no es poco: primero, como jefe de gabinete del ministro en 2012, y, después como secretario de Estado de Seguridad hasta noviembre de 2016, en que llegó al ministerio Juan Ignacio Zoido, respecto a la operación para abortar el auge del independentismo en Catalunya. 

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