Pedro Sánchez solicitará el miércoles de esta semana al Congreso de los Diputados la cuarta prórroga de otros quince días de estado de alarma. Al presidente del gobierno le basta una mayoría simple de la Cámara, y pese al enorme ruido existente por parte de los partidos de la oposición, y de aquellos que aspiran a ser pareja de baile en esta complicada situación, es muy difícil que la Cámara le tumbe la iniciativa. Basta recordar que la tercera prórroga, la solicitada el pasado 22 de abril, salió adelante de una manera abrumadora: 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones.

Desde aquel día, sin embargo, han sucedido varias cosas: en primer lugar, se ha hecho aún más evidente el uso despótico de una situación excepcional para esquilmar de una manera inaceptable la más mínima capacidad de autogobierno; y, en segundo término, la nula voluntad del ejecutivo socialista de acordar cualquier respuesta con las autonomías o los partidos parlamentarios fuera del PSOE y de Podemos-comunes. El estado de alarma no ha sido un instrumento constitucional para luchar contra la pandemia del coronavirus que ha azotado España, como otras zonas del mundo, sino para centralizar y quitar competencias a las autonomías.

No se trata de estar a favor o en contra del confinamiento, como pretende hacer creer demagógicamente el presidente del gobierno, sino de devolver lo antes posible la respuesta a la pandemia a las autonomías y que estas coordinadamente con el Estado procedan a arbitrar de una manera mucho más racional y con un conocimiento del territorio que no tiene la administración central la desescalada que se ha de llevar a cabo. Este domingo en la reunión informativa que tiene Sánchez con los presidentes autonómicos —encuentros que rozan casi la cortesía política ya que los responsables de las comunidades son simplemente informados en persona de lo que ha anunciado la víspera en televisión y sus intervenciones son a título de inventario— además de Quim Torra e Iñigo Urkullu, se han pronunciado en contra del mantenimiento del estado de alarma el gallego Alberto Núñez Feijóo, la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y de su uso desproporcionado, el andaluz Juan Manuel Moreno y el murciano Fernando López Miras. Entre los barones socialistas ha habido críticas de Francina Armengol (Baleares), Javier Lambán (Aragón) o Emiliano García-Page, entre otros.

Hay, por tanto, una oposición muy amplia que Sánchez teme que acabe convergiendo antes del miércoles en un rechazo parlamentario. Por eso, ha puesto en marcha, como en otras ocasiones, una serie de caramelos en las puertas de los partidos políticos esperando que unos u otros acaben quedando atrapados. Que si una promesa de miles de millones por aquí, que si vamos a estudiar lo de las provincias o más dinero (o promesas) de créditos ICO. Todo para ganar tiempo y mantener el poder absoluto.

Y, mientras, la derecha está temerosa de que los independentistas tengan un peso específico en la toma de decisiones y los independentistas andan asustados por el crecimiento de la derecha. Este juego Sánchez lo hace mejor que nadie mientras estrangula a todo aquel que se pone a su alcance, asegura que no hay alternativa al estado de alarma y al mando único, algo que, por otro lado, es rotundamente falso ya que la vigente ley de salud pública tiene mecanismos más que suficientes para abordar la situación actual. Se recuperaría el marco legislativo anterior a la crisis de la pandemia y se pondría punto final al desmantelamiento autonómico.

Resumiendo, las alternativas al estado de alarma y el chantaje empleado por Sánchez acabarán teniendo consecuencias para aquellos que se presten al juego. Porque si algo no falla nunca es cómo el presidente acaba utilizando en su único beneficio los apoyos que recibe. Solo hace falta volver la vista atrás y hacer un listado de los que ha dejado en la estacada.