Dos horas. Dos tristes horas. Este ha sido todo el tiempo del que ha dispuesto este sábado la consellera Dolors Bassa para visitar a su madre, de 87 años, convaleciente en el hospital de Girona, en el que ha sido intervenida quirúrgicamente. El tiempo que le ha dado la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo para abandonar la prisión de Puig de les Basses en la que permanece privada de libertad hace ya 187 días. La injusticia de una causa procesal que se sustenta a partir de relatos que poco o nada tienen que ver con lo que sucedió tiene, en este caso, un elemento cruel, inhumano, en la prisión provisional que se les ha aplicado temerariamente a los encausados. Y que tiene, entre otras consecuencias, situaciones tan extremas como esta.
Una madre enferma, una prisión provisional, un convoy de varios coches policiales conduciendo a la consellera de la prisión al hospital son elementos que permiten, si se quiere, unas medidas mucho más holgadas que dos miserables horas. Sobre todo porque está claro que la consellera Bassa optó ya en su día, por razones familiares fundamentalmente, por asumir el ingreso en prisión y no por el exilio como otros miembros del Govern. Fue a Bruselas a finales de octubre del pasado año y regresó a Barcelona para comparecer ante el Tribunal Supremo; fue puesta en libertad en diciembre y volvió a ingresar en prisión en marzo, un tiempo más que suficiente para fijar su residencia en otro país si hubiera querido y tampoco lo hizo. También es sobrero el comentario en el que se justifica que tan solo sea de dos horas: evitar que la salida de la prisión tenga un objetivo distinto al autorizado.
¿Por qué tanta crueldad añadida? Cuesta de entender si no se analiza la globalidad de la situación. El escarmiento que se pretende realizar. Una España unida y cohesionada alrededor del juez Llarena para evitar que comparezca ante el juez de Bruselas que le ha citado el día 4 de septiembre. Una clase política de PP y Cs, una judicatura y unos medios de comunicación clamando para que sea el Estado el que se haga cargo de su defensa por unas declaraciones que nada tienen directamente que ver con la inmunidad de la jurisdicción española. Y que pague al abogado que se contrate en Bélgica.
Bassa y Llarena. Dos caras de una misma moneda. ¿Quién es el indefenso?