La decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de condenar al diputado de la CUP Pau Juvillà a seis meses de inhabilitación por haber mantenido colgados unos lazos amarillos en el balcón de su despacho de la Paeria de Lleida, cuando era concejal, en la campaña de las elecciones españolas de 2019, solo puede entenderse en el marco de la vigencia de la represión judicial contra el independentismo catalán. Dudo mucho que una persona que aterrizara en Catalunya sin un conocimiento profundo del conflicto latente entre Catalunya y España fuera capaz de entender, ni tan solo de aproximarse mínimamente, una decisión judicial de esta naturaleza. La única explicación es que se trata de un mal ejercicio de autoridad que quiere trasladar un mensaje inequívoco al mundo independentista: nosotros seguimos aquí. Puede que haya quien quiera negociar, pactar o dialogar en Madrid con el poder político, pero nosotros, o sea, los jueces, seguimos aquí. Pasando por el filtro de la represión todo lo relacionado con el procés.

El Parlament de Catalunya deberá decidir ahora qué hace o qué puede hacer. Su presidenta ha sido tajante asegurando que blindará el escaño del diputado de la CUP, que además es secretario tercero de la Mesa de la Cámara catalana, hasta que la sentencia sea firme. Para ello, faltaría un último pronunciamiento del Supremo. Pero puede darse el caso, que la Junta Electoral Central ordene la retirada inmediata del acta de parlamentario, como hizo con el president Quim Torra. Es ahí donde no hay un esqueleto de actuación política acordada por los independentistas y Laura Borràs quiere tomar distancia respecto a su antecesor, Roger Torrent -a quien Junts reprochó en el pasado que no había protegido convenientemente los derechos del expresident- y ha asegurado que actuará de acuerdo con la preservación de los derechos y libertades de Juvillà.

La naturaleza de juicio político es, en este caso, muy poco discutible y solo es comprensible desde el enorme peso que tienen organismos administrativos como las juntas electorales y que se sitúan como punta de lanza de creación de conflictos. No debería haber dilema alguno en lo que es un acto de libertad de expresión, se mire por donde se mire. Estamos hablando de un lazo amarillo pero, sobre todo, de la desproporción de la condena. Introducir la sombra de la sospecha de que una decisión judicial así solo es comprensible en el marco de una represión perfectamente orquestada y llevada hasta sus últimas consecuencias es enormemente preocupante.

En plena tempestad por el futuro del catalán en la escuela y del ataque frontal a la inmersión lingüística llega el nuevo capítulo de inhabilitación de un diputado de la Cámara. En camino están inhabilitaciones a los antiguos miembros de la Mesa y juicios en los que se pedirán penas más graves, prisión incluidas. Y el presidente del PP, Pablo Casado, pidiendo desde Barcelona a Pedro Sánchez que inicie los trámites para aplicar un nuevo 155 en Catalunya. La manifestación del sábado organizada por Somescola en defensa de la lengua propia es más necesaria que nunca, igual que el concierto que por la noche se celebra en el Palau Sant Jordi, con Lluís Llach como gran reclamo del conjunto de cantantes que intervendrán. El catalanismo al rescate de la lengua. Como en el pasado. Como siempre.