La detención del president Carles Puigdemont y su extradición a España tampoco se ha producido este lunes en Italia. La bofetada a dos manos de la Corte de Apelaciones de Sassari al Tribunal Supremo español por saltarse la suspensión de las euroórdenes, como comunicó el Reino de España al Tribunal General de la Unión Europea, es todo un revolcón a una justicia que corre como un pollo sin cabeza por los tribunales de los diferentes países europeos. Puigdemont ha vuelto a ganar y Llarena ha vuelto a perder. Esa es la noticia que los medios españoles autollamados de referencia, acostumbrados a construir una realidad paralela en todo lo que afecta al independentismo catalán, tendrán muy difícil de esconder.

Ya casi no es noticia por las reiteradas derrotas internacionales de la justicia española, pero, pese a ello, su relevancia política es altísima. La justicia italiana lo ha resuelto sin matiz alguno: el president Puigdemont es un hombre libre para viajar por cualquier país de la Unión Europea. Pero hizo más cosas: la artillería jurídica de Vox para tener un papel en el juicio fue directamente a la papelera y sus representantes, despachados en pocos minutos, se quedaron fuera de la sala. ¡Qué diferente a lo sucedido con el Tribunal Supremo, que los admitió como acusación particular en el juicio a los presos políticos!

Vox, el PP, el PSOE, Ciudadanos, sus proclamas de traer a Puigdemont a España, los gritos de "Puigdemont a prisión" coreados en este festival popular de Pablo Casado este fin de semana en València, toda esta caspa de una España troceada en mil pedazos, con un rey fugado a los Emiratos Árabes Unidos y, como corolario de todo ello, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, presentada este lunes por el diario ABC como portadora de dinero en efectivo, para no dejar rastro, de los fondos reservados, en los años noventa, por un total de unos 60 millones de las antiguas pesetas para el entonces jefe del Estado y, como si se tratara de un Berlanga en estado puro, el emérito quejándose de que no fuera en talones del Banco de España. 

Es poco discutible, con hechos encima de la mesa, que estamos asistiendo en directo a una escalada imparable del ridículo internacional de la justicia española. ¡Pero es que Llarena este mismo lunes pidió a las autoridades italianas que también detuvieran a Comín y Ponsatí, presentes en L'Alguer! ¿No es capaz de detener este capítulo, que tiene más de venganza que de justicia? Esta espiral española va a obligar a la justicia europea a adoptar decisiones en las medidas cautelares pedidas al TGUE para que Puigdemont, Comín y Ponsatí recuperen la inmunidad que les otorga su condición de eurodiputados y la capacidad total para moverse por la Unión.

Un nuevo capítulo del exilio catalán tras los hechos de octubre de 2017 se ha cerrado en Cerdeña. Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suiza, Austria, Francia y ahora Italia han desautorizado a los tribunales españoles. Son suficientes para que el Reino de España atendiera el "Basta, España" que le ha reclamado el president Puigdemont e hiciera efectivas unas declaraciones del ministro Marlaska que hace menos de 48 horas manifestó: "Lo que decidan los jueces italianos será lo correcto". Ya han hablado y lo han hecho con severa contundencia. ¿Hay alguien en Madrid que se dé por aludido?