El duro informe de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa contra España, presentado este miércoles, como corolario a la visita que realizó el pasado mes de noviembre, pone de relieve, nuevamente, las graves deficiencias que existen en materia de libertad de expresión. La comisaria Dunja Mijatovic hace hincapié en la necesidad de revisar la conocida como ley mordaza, para que cumpla completamente los estándares europeos e internacionales en derechos humanos, y la exigencia de cambiar el Código Penal en lo que respecta a las sanciones por enaltecimiento del terrorismo, insultos a la Corona y ofensas a los sentimientos religiosos.

No puedo estar más de acuerdo con la posición del Consejo de Europa, una pieza fundamental en el engranaje europeo y cuyos pronunciamientos suelen ser, por lo general, mucho más críticos con los gobiernos que tienen menos resortes para impedir hacer uso de la fuerza de los estados. El hecho de que todos los intentos de modificación de la ley mordaza, aprobada en la legislatura en que el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso y bajo la presidencia de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior hayan fracasado demuestra hasta qué punto los partidos son rehenes de sus incumplimientos cuando acceden al poder. Y este caso es especialmente sangrante porque Pedro Sánchez aseguró que se modificaría al día siguiente de llegar al Gobierno y lleva en el cargo desde junio de 2018.

Evidentemente, son más fáciles las promesas electorales, terreno en el que el presidente se mueve como pez en el agua. Lo estamos viendo estos días, donde no hay jornada en que no haya previsto un sprint informativo para conquistar los titulares del día. Ofertas tiene en su catálogo inacabable de compromisos a futuro ya sea sobre la vivienda o sobre la sequía, dos temas que sin duda pesan en el debe de su gobierno y que ahora quiere contrarestar en una auténtica batalla contra reloj. No caben en este artículo todas las promesas que ha hecho sobre la vivienda si se quieren detallar con un mínimo de explicación e incluso hasta es probable que ni él sea capaz de recordarlas todas. Sin duda, mucho más sencillo es repasar lo que ha hecho en los casi cinco años que lleva como presidente del Gobierno. Pero la estrategia de campaña que ha planteado de dirigirse especialmente al voto joven le lleva, seguramente, a este sprint de todo a cien hasta el 28 de mayo.

Lo mismo está haciendo de la sequía, el otro gran problema. Nada más mediático que un Consejo de Ministros extraordinario para tapar la ausencia de iniciativas que ayuden al sector. Sánchez sabe que con poco dinero puede obtener un gran rédito electoral y nadie es mejor que él cuando se trata de jugar la partida en este terreno. Frente a la sequía, promesa de lluvia fina de millones, mientras el Govern, con el problema mucho más cerca y la preocupación a muchos menos kilómetros aún está estudiando qué hacer. Tiempo atrás, en la época de Pasqual Maragall como president de la Generalitat, se habría convocado una reunión del Consell Executiu en la zona cero de la sequía que no hubiera aportado una solución a sus problemas, pero habría trasmitido, al menos, empatía ante las dificultades de nuestros payeses. No es ni más ni menos que aquella máxima de acompañar al sector en sus dificultades si luego quieres que se acuerden de ti cuando vayan a votar.

Pero volvamos al Consejo de Europa. Nadie hará caso en Madrid al informe de la comisaria Dunja Mijatovic y el que menos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, varias veces apercibido y desautorizado por las instituciones europeas. Pero es bueno que desde fuera se reconozca lo que aquí no se quiere ver y es que las mayorías políticas no pueden ser nunca una cortina de humo para vulnerar los derechos humanos.