Mucho ha llovido desde que, a los que ya tenemos una cierta edad, una de las preguntas que se nos hacían en el colegio era el número de provincias que tenía España. Entre finales de los cincuenta y los primeros años sesenta, el total se fue incrementando con las cuatro provincias (coloniales) africanas: Ifni; Fernando Poo y Río Muni -la llamada Guinea española- y Sáhara. Luego, el número fue reduciéndose: con la segunda y la tercera independizadas en 1968 como República de Guinea Ecuatorial, la entrega de Ifni a Marruecos en 1969 y, finalmente, el abandono del Sáhara, en 1975, desembocaron en las 50 actuales. La provincia se remonta a la división territorial de 1833 ideada por Javier de Burgos. De ahí que en términos de hoy en día, su mención aparezca como obsoleta en algunos lugares, entre ellos Catalunya, por lo que tiene de reminiscencia con el pasado y el viejo centralismo, y los intentos de blandirlas para disputar el papel que corresponde a las comunidades autónomas.

De hecho, aunque es cierto que las elecciones se siguen celebrando por provincias, su peso político ha ido rebajándose e incluso administrativamente han ido perdiendo, en muchas ocasiones, su razón de ser, a excepción del País Vasco. Por todo ello, que haya sido un ministro del PSOE y para más inri catalán, como Salvador Illa, secretario de Organización del PSC, quien haya puntualizado que la unidad territorial de preferencia para la desescalada en la lucha contra el coronavirus sería la provincia no es una ocurrencia más de las que tienen cada día en el Palacio de la Moncloa. Ya son varios los mensajes que están emitiendo los socialistas catalanes en la misma onda y que no hacen otra cosa que profundizar en un marco mental que sirve para desdibujar la España de las autonomías y avanzar hacia una recentralización de facto de todo lo que sea poder político sin dependencia de Madrid.

La semana pasada, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Eva Granados, utilizaba el castellano en su intervención y señalaba que no iban a permitir que fuera tratado como una lengua extranjera. Llamó la atención porque las intervenciones de los socialistas suelen producirse en catalán y así ha venido siendo desde que se inauguró el Parlament en 1980 fruto de un acuerdo de la época para dar lustre a la lengua en inferioridad de condiciones que, se mire como se mire, es el catalán. Era el acuerdo del catalanismo político de la época y que empieza a ofrecer signos de fractura.

Las provincias, el castellano, el mando único usurpando competencias a las autonomías bajo un estado de alarma marcadamente inconstitucional después de tantas prórrogas que solo parecen tener un objetivo, la campaña publicitaria "Este virus lo paramos unidos"; los uniformados durante cuarenta y cinco días ofreciendo desde la Moncloa el parte diario de altas, bajas e incidencias; o la mirada única desde el gobierno español en los pactos de la Moncloa de1977 que fueron, políticamente hablando, un anticipo de lo que en 1981comportaría la LOAPA, empiezan a conformar un cuerpo doctrinal recentralizador demasiado extenso del Gobierno actual. Se puede mirar hacia otro lado, claro está. Pero lo que empieza a costar cada vez más es negar la evidencia.