La visita del rey Felipe VI a Catalunya y las importantes protestas que se han producido tanto a nivel institucional como en la calle ha restado importancia a una noticia que, en condiciones normales, hubiera adquirido aún mayor visibilidad: las presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores para relevar al cónsul honorario de Finlandia, Albert Ginjaume. Aunque ningún portavoz del Ministerio ha hablado sobre el tema, las presiones tienen que ver con un almuerzo celebrado hace unas semanas en el que Ginjaume, en su condición de secretario general del cuerpo consular en Catalunya, invitó al almuerzo mensual que celebran los diplomáticos a la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa.

No consta que el acto fuera especialmente crispado ni que tuviera tintes de proselitismo de la causa independentista que, por otro lado, tampoco sería razón para la medida disciplinaria. La cita se centró básicamente en temas de cooperación municipal  y solo al final se abordó la situación política en Catalunya. Lo dijimos hace unas fechas: el retroceso de las libertades empieza a ser preocupante cuando se violentan derechos fundamentales. Si la palabra negociación decayó hace ya tiempo, después pasó a prohibirse hablar de diálogo y se ha acabado prohibiendo la libertad de expresión. El objetivo declarado por parte del Gobierno español de apagar cuantos más altavoces pueda de cualquier alto cargo independentista choca a veces con situaciones tan estrafalarias como la vivida por Ginjaume.

Por otro lado, no deja de sorprender la facilidad con que se consiguen ciertos objetivos. Es cierto que el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo nos previno un día respecto a la cantidad de favores que España debe a gobiernos de diferentes países por pedirles que hablaran en público en contra el proceso independentista. Pero de ahí a presionar a otro país para desplazar a un cónsul honorario por una acción tan inocua como la invitación a un cargo público de una formación independentista va un abismo. Y no hace sino demostrar el estado de nervios en que se ha sumido la política internacional española, incapaz de controlar la evolución del conflicto. Este lunes, sin ir más lejos, el diario británico The Times publicaba un editorial en el que pedía a España que autorizara el regreso del president Carles Puigdemont y que se iniciara una fase de diálogo.

Estamos aún muy lejos de este momento pero la posición del diario no es una excentricidad entre los medios de comunicación internacionales cada vez más sorprendidos por la incapacidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy de abrir cualquier contacto político por pequeño que sea. Pensar que se cambiará la opinión pública internacional exigiendo el cese de un cónsul de otro país por una invitación a un almuerzo que no ha gustado es, realmente, no entender nada.