El Tribunal Constitucional podrá inhabilitar o suspender a un cargo electo si no cumple sus resoluciones, pero la Comisión de Venecia del Consejo de Europa acaba de decirle alto y claro que no está dentro de sus funciones el hacerlo y que una decisión de esta naturaleza debería recaer en manos de cualquier otro tribunal de justicia. Con esta claridad se ha pronunciado la independiente Comisión de Venecia –conocida así por residir el organismo en la capital del Véneto y cuyo nombre oficial es el de Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho y que se encarga de emitir dictamen sobre cuestiones constitucionales– en un informe cuyo cumplimiento no es vinculante. Pero sí es de alto valor político: supone un varapalo para la reforma exprés del Constitucional que llevó a cabo el PP en solitario y con su mayoría absoluta en las dos Cámaras con el único objetivo de atribuirle competencias que no tenía, que le facultaba para suspender altos cargos y que le equiparaba en materia judicial a cualquier otro tribunal.

La Comisión de Venecia viene a dictaminar que la reforma es un atropello al papel de arbitro neutral del TC. Pero lo que es más importante: pone al descubierto la actuación del gobierno español ante las instancias europeas, incluido el permanente proceso de judicialización de la vida pública catalana. La internacionalización del proceso ha sido desde el año 2012 el gran caballo de batalla entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona. Como es sabido, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya en la época del exministro García-Margallo hizo lo imposible para impedir que se produjera un efecto simpatía de las principales cancillerías. Pese a todo, el mensaje catalán ha podido, con dificultades, abrirse paso sobre todo en numerosos parlamentos y también en contactos, más o menos discretos, en el inabarcable mundo de la diplomacia internacional.

Que este informe de la Comisión de Venecia coincida en el tiempo con las noticias de que el Gobierno presionó al Consejo de Europa para rebajar las críticas del informe no hace sino reforzar la idea de que la partida no es tan sencilla como muchas veces quiere explicarse desde Madrid. También refuerza esta idea las advertencias del Estado de que podría plantearse el estado de excepción para parar el referéndum. Las famosas medidas coercitivas que un día se niegan y otro día se aseguran son la respuesta al clima de terror creciente en que trata de convertirse el complicado camino hacia el referéndum o referéndum antes de que finalice el próximo mes de septiembre a que se comprometió el president Puigdemont y su Govern.

Un apunte más: habrá que ver ahora si todos los que salieron en tromba después de que el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya dictaminara que una disposición de los Presupuestos de la Generalitat para el referéndum era inconstitucional y pidieron su inmediata modificación son capaces de hacer lo mismo ahora. Los dos organismos emiten dictámenes no vinculantes y hay muchas otras similitudes más. Veremos como algunos llevan aquello de la paja en el ojo ajeno.