Que el día que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado pedir al Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, la noticia sea que su alcaldesa, Ada Colau, y hasta seis concejales de los diez que tiene Barcelona en Comú no asistieran al pleno municipal por estar ya de vacaciones, da una idea distorsionada y negativa de lo que es ―o debería ser― el servicio público. Obviamente que tienen derecho a hacer vacaciones, como cualquier ciudadano, pero hacer novillos en un pleno programado con anterioridad y en el inicio de las mismas es inexplicable e injustificable.

Sería tanto como si la presidenta del Congreso de los Diputados y la gran mayoría de los miembros de la cámara legislativa hicieran lo propio ante un pleno reglado de las Cortes, o el president del Parlament, los miembros de la Mesa y los diputados tuvieran una actitud similar y dejaran de asistir por celebrarse durante el mes de agosto. La dedicación a la política es voluntaria y, como tal, nadie está obligado a ejercerla. Incluso puedo compartir que, a diferencia de otros países, no está especialmente bien pagada. Pero si la política tiene para los que se dedican a ella su parte satisfactoria, en el reverso de la moneda están las obligaciones o los sacrificios. La paradoja es que frente a estas ausencias, Joaquim Forn, preso político en la cárcel de Lledoners a la espera de sentencia, no tuvo permiso del Tribunal Supremo para acudir.

El objetivo del pleno municipal, la solicitud de la creación de una comisión de investigación en el Congreso, salió adelante por 16 votos a favor ―ERC, JxCat y Barcelona en Comú― y 15 en contra ―PSC, Cs, Barcelona pel Canvi y PP―. Y para las hemerotecas quedó la primera división del recién estrenado equipo de gobierno que conforman comunes y socialistas. Eso sí: Colau se ahorró las críticas de los dos partidos que le auparon a la alcaldía hace unas semanas, junto a los socialistas, el grupo de tres concejales de Manuel Valls. 

Y una última pregunta: ¿por qué el atentado de Barcelona y Cambrils no puede tener una comisión de investigación como sí tuvieron atentados similares en España o en Europa? ¿Por qué ha sido vetada dos veces en el Congreso de los Diputados? ¿La responsabilidad democrática no sería intentar llegar hasta el fondo de lo que hoy aún se desconoce?