La aprobación en el Parlament del decreto ley 23/2025, que permitirá al Ejecutivo catalán autorizar operaciones de endeudamiento, conceder avales y otras garantías que se consideren imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, ayuda a disipar algunas dudas y sobre todo una de importante: la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, si es que se acaba produciendo, no va a ser inminente. Tampoco su presentación en la Cámara catalana. Es evidente que, sin ser un drama, hace unos años sí lo hubiera sido. Ahora, Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a todos que la de las cuentas públicas es una ley que puede aprobarse o no, pero que, si pasa lo segundo, no tiene consecuencias. Esa manera de hacer política, inusual en países de nuestro entorno, ha acostumbrado mal a todas las administraciones y hoy todas esquivan solidariamente la situación.

Así, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha sacado este decreto de prórroga con los votos favorables del PSC, ERC y los Comuns. Junts y la CUP se han abstenido, mientras que el resto de grupos han votado en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que continúa ingresado en el hospital de Vall d'Hebron desde el pasado 17 de enero y que, según los médicos, evoluciona favorablemente tras ser diagnosticado de una osteomielitis (infección bacteriana en la zona púbica), tiene, después de casi año y medio de gobierno, la asignatura de los presupuestos catalanes pendiente. La última vez que se aprobaron unas cuentas públicas en Catalunya fueron las de 2023, con la consellera de Esquerra Republicana Natàlia Mas, mientras que los últimos que lo hicieron en tiempo y forma fue en 2022, con el conseller Jaume Giró. A lo segundo, la consellera Romero no está a tiempo pero a lo primero sí, siempre y cuando ERC dé su brazo a torcer.

El Govern deberá seguir picando piedra para que Oriol Junqueras cambie de opinión sobre los presupuestos

En estos momentos, además, la crisis de las infraestructuras catalanas, con el epicentro en Rodalies, que está muy lejos de haber recuperado la normalidad, se ha extendido a la AP-7, que vuelve a estar completamente cerrada al tráfico a la altura de Martorell, en sentido sur, para poder efectuar las tareas de reparación de la autopista después del accidente mortal de tren en Gelida del pasado 20 de enero. Pero también al tren de Alta Velocidad (AVE), que sufre escandalosos retrasos entre Barcelona a Madrid, lo que está provocando, además, que una ruta que llenaba todos los trenes ahora se haya resentido enormemente por la falta de puntualidad y el miedo al estado de las vías. Todo este caos ha llevado a Esquerra a poner el freno en las negociaciones que discretamente mantenían con el Govern  y a recuperar su discurso de hace semanas: solo la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley que permitiría a Catalunya gestionar la totalidad de los impuestos abrirá la cerradura de los presupuestos de la Generalitat, a pesar de haber llegado ya a un acuerdo sobre el modelo de financiación.

En consecuencia, el Govern deberá seguir picando piedra para que Oriol Junqueras cambie de opinión. Todo ello, con un escenario de huelgas preocupante en Catalunya de diferentes sectores reclamando unos seguridad y otros, mejoras salariales. Así, está prevista una huelga trenes entre el 9 y el 11 de febrero; los sindicatos educativos han anunciado un aumento de la presión a la conselleria y que ponían en marcha un ciclo de jornadas de huelga que empezará el 11 de febrero;  y Metges de Catalunya (MC) ha convocado dos días más de huelga de facultativos, el 16 y el 20 de febrero, en el marco del conflicto abierto con el departamento de Salud. Huelga de trenes, de personal educativo y de médicos tocan tres sectores básicos y la coincidencia de todos ellos en el mes de febrero presupone unas semanas de significativas protestas.