Si las imágenes construyen la historia gráfica de un país, de la misma manera que las crónicas informativas son el relato diario del tiempo que nos ha tocado vivir, es evidente que la fotografía del expresident de la Generalitat Artur Mas sentado en el banco de los acusados por facilitar la votación de una consulta participativa el pasado 9 de noviembre de 2014 es impactante. También sobrecogedora. Y preocupante. Lo es, no tanto por la sentencia que pueda acabar emitiendo el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sino por la constatación de que la democracia española ha entrado en una fase de alejamiento de los estándars europeos. Eso no es una buena noticia para nadie y sobre todo para los ciudadanos, que acaban siendo la parte más vulnerable.

Que el único líder español que haya expresado públicamente que "habla mal de la democracia española que se juzgue a alguien por poner las urnas" haya sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, demuestra la desconexión de las élites públicas españolas en todas sus facetas y esa especie de gerontocracia que parece regir su destino. Mientras los medios de comunicación del mundo entero seguían el insólito juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau con interpretaciones diferentes pero muy pegadas a la realidad catalana y a la visión coral que tiene la propia sociedad del proceso independentista, el seguimiento que se hacía desde Madrid, de una manera especial en muchas televisiones y radios, era intolerante y dogmático. En muchos casos, además, injurioso y vejatorio.

No deja de ser curioso que medios de prestigio como The Guardian, Le Monde o The New York Times o la agencia Reuters informen mejor y tengan una aproximación al tema catalán mucho más ajustada a la realidad. Eso es algo que parecía superado después del franquismo, que no deberíamos nunca más recurrir a la prensa extranjera para obtener una información veraz. Pero esa batalla, la de la opinión pública internacional, es la que el Govern de Catalunya debe intentar decantar a su favor explicando una y otra vez la imposibilidad de entablar cualquier negociación con el Gobierno español para celebrar un referéndum, por más que el 80% de la ciudadanía de Catalunya lo reclama. Al final, los gobiernos europeos quedan hoy por hoy muy lejos de las demandas que se les formulan desde Catalunya pero imágenes como las del TSJC tampoco son de su agrado.