Después de 72 horas transcurridas con el gobierno español haciéndose el sueco y tirando pelotas fuera de las graves acusaciones que pesan sobre él por el caso de espionaje masivo conocido como CatalanGate con el programa Pegasus, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado su viaje a Madrid para subir un grado la presión a Pedro Sánchez y enviarle un mensaje: alguien debe asumir responsabilidades. En román paladino y dada la colosal dimensión de un caso que tiene un alcance europeo, la única manera de asumir responsabilidades en política es a través de una o varias dimisiones. El camino de la comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados planteada el miércoles sigue hoy por hoy infranqueable y el anuncio de congelación de relaciones nadie sabe exactamente qué quiere decir, ya que las conselleries siguen hablando con los ministerios como si tal cosa. El ejemplo más claro es el de la polémica candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo, aunque hay otros asuntos sobre los que solo hace falta preguntar en los departamentos de la Generalitat.

El Ejecutivo español va a tener que mover alguna pieza si no quiere que la legislatura entre en zona de turbulencia y, a buen seguro, el PSOE y Esquerra están hablando de eso. Algunos pocos opinadores cercanos al PSOE empiezan a defender en público la gravedad de la actuación mafiosa de espionaje practicada y la exigencia de pagar algún peaje. Pero son los menos, ya que en Madrid la cobertura mediática en la gran mayoría de las cabeceras es entre inexistente o justificatoria. Lo segundo también se empieza a abrir paso en los argumentarios oficiales de los partidos que se escuchan. Incómoda también se encuentra Unidas Podemos, aunque cree que esta no es su bandera y el resultado final es que figura más que obliga. Vamos, que para ellos no es, por ejemplo, como la reforma laboral, en la que sí iban a por todas.

No es el primer caso en que un tema de espionaje desde el Gobierno acaba impactando de lleno en la vida política española. Ya sucedió en 1995 en una situación de equilibrios políticos bastante similar a la actual, con un PSOE sin mayoría absoluta que necesitaba en aquellos años de Convergència i Unió para alargar la legislatura y retrasar al máximo la llegada de José María Aznar al poder, que acabaría produciéndose al año siguiente. Pues bien, la presión política del imprescindible Jordi Pujol y sus valiosos diputados acabó con la renuncia del vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa, Julián Garcia Vargas. No hubo un camino intermedio: o rodaban estas dos cabezas o la legislatura se había acabado. Es cierto que Pujol vio una oportunidad única para apartar a Serra, que era uno de sus enemigos políticos declarados, pero eso es bastante irrelevante. 

Los casos nunca son iguales, pero a veces se parecen como una gota de agua. El editorial de El País, que era, como ahora, prosocialista pero además muy felipista, apuntaba: "Las dimisiones no hacen sino confirmar las consecuencias políticas que inevitablemente había de tener un escándalo como el de las escuchas del Cesid. González puede así acudir hoy al Parlamento con esta prueba de que ha entendido la gravedad de la situación creada". El ABC, desde otra óptica, y enfadado porque la renuncia no había afectado al mismo González, señalaba: "Como consecuencia del conocimiento público de que el Cesid había espiado a ciudadanos, incluido el Rey, conducta tipificada como delito en nuestro código penal y que viola derechos reconocidos en la Constitución, González ha soltado lastre". Hay más casos, pero vale la pena recordar que el caso del espionaje del CatalanGate tiene, sin lugar a dudas, un calado mucho mayor.

Tanto es así que, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha ofrecido a los parlamentarios un servicio para detectar si Pegasus ha infectado sus teléfonos móviles a raíz del CatalanGate. El servicio se ofrece a petición de la presidenta, Roberta Metsola, al resultar afectados eurodiputados independentistas, como ha quedado probado. En condiciones normales debería sorprender la celeridad de la Cámara de Estrasburgo frente a la inacción de las Cortes españolas, que ni por asomo han llegado a insinuar una medida de esta naturaleza cuando hay diputados que han resultado infectados por Pegasus. Será que, al final, no solo hay una justicia española y una justicia europea, sino también una manera de entender la protección a sus diputados por parte de Europa muy diferente a la española. Y así, podríamos ir siguiendo con muchas otras cosas hasta llegar al verdadero meollo del problema, que no es otro que una manera diferente, muy diferente, de entender la democracia.