Más 60 personas espiadas por un software al cual solo pueden acceder los gobiernos sitúa el CatalanGate como "el caso de espionaje más grave de la democracia española", ha denunciado el president, Pere Aragonès, a las puertas del Congreso de los diputados después de reunirse con los grupos políticos que se han visto afectados por este caso. Por esta razón, Aragonès ha enviado un mensaje directo al presidente español, Pedro Sánchez, "alguien tiene que asumir responsabilidades por este escándalo". "En este momento la pelota está en el tejado del Estado, que tiene que decidir hasta qué punto es transparente y cuál es el nivel de responsabilidades que piensa asumir", ha advertido, además de exigir que las medidas sean "claras, concretas e inmediatas".
A pesar de las declaraciones que hizo ayer en que reclamaba un encuentro cara a cara con Sánchez, Aragonès ha puntualizado que no reclama solo una reunión con el presidente, sino que exige hechos y decisiones; ha pedido que Sánchez explique si sabía que se había hecho este espionaje y qué piensa hacer al respecto. Mientras el presidente hacía esta intervención en Madrid, Sánchez estaba en Kyiv donde ha viajado para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Posteriormente, en una entrevista para TVE, Aragonés ha repuesto afirmativamente a la pregunta sobre si el gobierno español podría caer si no se depuran responsabilidades: "Podría llegar a caer", ha asegurado.
Aragonès ha planteado medidas concretas que considera imprescindibles, entre las cuales, la comisión de investigación, que piden diferentes partidos de la Cámara, entre los cuales Podemos; también que el Gobierno lleve a cabo las investigaciones internas con supervisión independiente para aportar toda la transparencia. "Y finalmente, hace falta que se asuman responsabilidades y no nos podemos eternizar, no podemos dejar pasar el tiempo, no toleraremos que la solución que tenga en la cabeza el gobierno sea solo el paso del tiempo. Hace falta responsabilidades y sobre todo transparencia para saber quién hemos sido los espiados —porque hay personas que han sido espiadas y no lo saben—, quién dio la orden, quién estaba enterado y cuáles han sido los datos que han obtenido", ha advertido.
A pesar de no concretar a qué nivel reclama que se asuman responsabilidades, Aragonès ha advertido que en una legislatura hay que preservar un mínimo de confianza, que en este momento es cero, y ha exigido que se restaure el juego limpio y se garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España. "Si eso no se puede restablecer, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política, imposible que pueda haber el contexto de confianza necesaria que tiene que acompañar la relación entre gobiernos y grupos parlamentarios", ha remachado.
En medio de una nube de periodistas, el president ha recordado que ahora se ha sabido que más de 60 personas han sido investigadas, entre los cuales los últimos cuatro presidents de la Generalitat y los dos últimos presidentes del Parlament, ha denunciado que se han vulnerado "derechos individuales, pero también se han limitado los derechos colectivos de la ciudadanía". "Por defender la independencia de Catalunya no tenemos menos derechos que cualquiera otro ciudadano, que otros representantes electos. Si alguien considera que no es así, nos da otra razón para constituirnos lo más pronto posible en un Estado independiente, que proteja los derechos de los ciudadanos, independientemente de su ideología", ha añadido.
"Si pretendes que tu socio de legislatura te siga apoyando, tienes que tomar decisiones, ser muy claro y llegar hasta el final. A partir de las decisiones que tome o no el Gobierno, también el gobierno de la Generalitat y los partidos políticos tomarán las decisiones sobre el futuro de la legislatura", ha asegurado.
Reunión con los grupos
Antes de reclamar acciones inmediatas a Sánchez, Aragonès se ha reunido esta mañana con representantes de los grupos de ERC (Gabriel Rufián y Montse Bassa), Junts (Míriam Nogueres), CUP (Mireia Vehí y Albert Botran), PDeCAT (Ferran Bel) y HB Bildu (Merche Aizpurua e Iñaki Ruiz de Pinedo), y posteriormente se ha encontrado con representantes de Podemos, entre los cuales, el presidente del grupo, Jaume Asens, y el portavoz, Pablo Echenique.
Al finalizar la reunión, también Echenique ha reclamado que, en caso de que el espionaje se hayan hecho de forma ilegal, será necesaria una investigación en los ministerios de Defensa e Interior y "depurar responsabilidad, rodar cabezas"; mientras que, en caso de que se hayan hecho con cobertura legal, obligaría al Gobierno a pedir perdón y garantizar que esto no volverá a ocurrir. Por su parte, Asens pidió a Aragonés que esta polémica no provoque la rotura de relaciones con el gobierno español porque eso es lo que quieren "las cloacas del Estado".
Desde Junts, Míriam Nogueras, una de las víctimas del espionaje de Pegasus, ha advertido que en caso de que el gobierno Sánchez no depure responsabilidades, querrá decir que es cómplice. La portavoz de Junts, que ha apuntado que el espionaje podría haber seguido más allá de 2020, ha tildado este escándalo de "persecución ideológica".
Los diputados afectados aseguraron que el Congreso no se ha puesto en contacto con ellos por este caso, aunque les han infectado los dispositivos de trabajo de la Cámara. La cupera Mireia Vehí ha señalado que cada vez queda más clara la responsabilidad del gobierno español y del CNI y ha advertido que "ERC no puede seguir actuando con normalidad en esta mesa de diálogo" porque el independentismo es perseguido y no se entendería que es mantuviera la misma línea.
Los grupos han acordado durante la reunión con Aragonès estudiar acciones conjuntas en el Congreso para mantener viva la denuncia ante el espionaje masivo de que ha sido objeto el independentismo.