Se cumple estos días un año de la aprobación definitiva de la ley de amnistía por el Congreso de los Diputados después de un trámite parlamentario tortuoso. Hemos vuelto a ver por televisión las imágenes de satisfacción de los diputados de Junts y Esquerra e incluso Oriol Junqueras y Jordi Turull asistieron a la sesión parlamentaria para expresar su complacencia con la aprobación de la norma del olvido final. Un año después, los que eran derrotados son los triunfadores, los que aplaudían en el Congreso denuncian su no aplicación y la judicatura ha ganado el pulso, ya que ha conseguido pasarse por el forro la opinión del legislador. No solo eso: ya se nos anuncia que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantendrá la orden de detención del president Carles Puigdemont aunque el Tribunal Constitucional avale su amnistía en junio, y a los presos políticos indultados —los citados Junqueras y Turull, entre otros— se les mantendrá la inhabilitación para ejercer cargo público. Qué tremenda paradoja y qué preocupante la situación. Qué antidemocrático, pero qué real: una ley que no tiene fuerza de ley.

El próximo capítulo de la ley de amnistía se vivirá durante este mes de junio, con la discusión en el seno del Tribunal Constitucional de los recursos presentados sobre su constitucionalidad. En lo que se refiere a este tema no es que se haya hecho un espóiler de su final, sino que se nos ha explicado con pelos y señales lo que van a hacer unos —TC— y otros —TS—. No sé por qué, si ya sabemos el desenlace, es necesario que esperemos tanto y demos tanta importancia a las reuniones deliberatorias. El equipo afín al PSOE del Constitucional, comandado por Cándido Conde-Pumpido, rechazará los recursos de inconstitucionalidad y dictará, en consecuencia, la constitucionalidad de la ley. Nada acabará entonces, ya que cuando se le remita el fallo al Supremo, el equipo de Manuel Marchena ya ha explicado cuál va a ser la táctica: darse por enterados, no sentirse incumbidos por el fallo del TC, y poner de relieve que las órdenes de detención se mantienen y los delitos de malversación alejan a los presos de la norma del olvido final, ya que no son amnistiables.

Qué tremenda paradoja y qué preocupante la situación. Qué antidemocrático, pero qué real: una ley que no tiene fuerza de ley

Dudo mucho que una persona de fuera sea capaz de entenderlo y de comprender que el Estado español profundo está tan trabado que hay un gobierno que no puede gobernar, un parlamento que no puede legislar y que el futuro del país se decide en los palacios de Justicia del Supremo y de la Audiencia Nacional y no en un proceso electoral con participación de los ciudadanos. Veremos como evoluciona la situación de los exiliados —Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig— y los indultados —Junqueras, Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa— una vez el Supremo hable en público, pero las cartas ya están repartidas y han sido enseñadas. El horizonte es de color negro en manos del Supremo. Solo hay, quizás, un camino que, si se concretara, podría generar alguna esperanza a los exiliados y no solo a Puigdemont, que tiene presentado un escrito en el Supremo sobre cuál es el tribunal competente para juzgarlo y que reclama que lo sea el TSJC, dada su condición de diputado autonómico. Es una carambola difícil pero no imposible. Si el TC aceptara estas alegaciones y dictara que es el TSCJ y no el Supremo el tribunal competente, la causa de Puigdemont pasaría a otra instancia judicial, con otros magistrados teniendo que decidir si aplican la amnistía. La fortuna podría cambiar idealmente de lado, pero dudo mucho que los Marchena y los Llarena no hayan trabajado también esta posibilidad.

Si alejamos un poco el periscopio de los líderes independentistas, el balance de la ley de amnistía es incompleto. Había, según Òmnium, un total de 1.610 personas represaliadas y amnistiables, de las cuales 691 tenían causas penales y 35 del Tribunal de Cuentas. Según este análisis, 236 de estas causas están cerradas, con 178 amnistías, 49 archivos y 9 absoluciones. El resto se halla en diferentes limbos o purgatorios, pero no están definitivamente cerradas. Lamentablemente, no me sorprende que se esté en esta situación. Como tampoco me extraña que la oficialidad del catalán en Europa esté como esté. España tiene unos resortes para hacer inviables algunas cosas que superan cualquier mayoría parlamentaria. Durante siglos, estos mecanismos se han engrasado para que siempre suceda todo de la misma manera y en estos momentos se perciben con una claridad meridiana cosas que a veces se ven más difusas porque no hay conflicto. Y es que el control del gobierno no es el control del estado.