En una España con un gobierno en funciones y ahora con la amenaza de unas terceras elecciones el 25 de diciembre si Pedro Sánchez no cede al chantaje de investir a Mariano Rajoy, la noticia de que el Estado español había amenazado a los dos presidentes de la expropiada BPA con la pérdida del banco si no facilitaban la máxima información sobre operaciones financieras en la plaza andorrana de Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras y sus respectivas familias, es una noticia de una enorme gravedad.

Seguramente es más divertido especular sobre unas elecciones españolas el día de Navidad, una hipótesis que no hubiera tenido que aceptar la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que conoce bien el calendario reglado a partir de la primera investidura, y que hubiera tenido que evitar el sarcasmo que ya se está produciendo. Pero esa circunstancia entre cómica y trágica que se está viviendo desde el 20 de diciembre del pasado año lleva camino de ir para largo.

Esta interinidad política está dando pie a que por uno u otro conducto vayamos sabiendo detalles de como se fraguó a partir de 2012 la operación contra el independentismo catalán, la fabricación de pruebas entre un ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de la Generalitat (el cesado De Alfonso), el uso de las alcantarillas del Estado con comisarios de la Policia Nacional declarando en el juzgado que habían participado en una "Operación Catalunya" para parar el procés, y ahora sabemos que hubo extorsión a los antiguos propietarios de BPA para que facilitaran datos sobre movimientos económicos de Pujol, Mas y Junqueras.

Fruto de estas presiones se le facilitó al gobierno español la cuenta de cinco millones de euros que el ex president Pujol tenía en la entidad. También se comunicó que Mas y Junqueras ni tenían ni habían tenido. La información, como suele ser habitual, acabó en un diario de Madrid convenientemente filtrada por Interior. Nada de eso exhonera a Pujol de su acción delictiva, pero también es bueno saber como se obtienen las pruebas, sobre todo si es a través del chantaje y la extorsión a los propietarios de un banco.

Al estar implicados al menos dos ministerios, el de Exteriores por la participación de la embajada española en Andorra y el de Interior, por la actuación del comisario Marcelino Martín Blas, se impone en primer lugar la comparecencia urgente de ambos ministros en las comisiones correspondientes del Congreso, y es de esperar que sean varios los grupos parlamentarios que lo soliciten. Las ideas políticas se han de combatir con buenas armas, y en el caso del proceso catalán, el trabajo de las alcantarillas del Estado es impropio de un país democrático.