Casi desde el mismo sábado, pero de una manera muy especial en estas últimas horas, el Gobierno español y el PP han puesto en marcha una decidida estrategia para tratar de acorralar al president Puigdemont. Obviamente, no es la primera vez, ni será la última hasta el minuto antes de que anuncie su decisión final en el Parlament. En esta ocasión, el argumentario de los diferentes ministros y de los portavoces del Partido Popular desde este martes consiste en proclamar a viva voz que no es suficiente con que convoque elecciones sino que tiene que desdecirse de todos los pasos dados, ha de hacerlo en público y tiene de plazo hasta el viernes, fecha en que se reunirá el pleno del Senado para debatir y acordar el alcance del artículo 155 y si da luz verde al conjunto de medidas solicitadas por el gobierno español. Solo si lo hace así, y no es seguro, se podrá aminorar el impacto del 155, pero tampoco se le ofrece ninguna garantía de que acabe siendo así. Por descontado que los procesos penales continuarán. De una u otra manera, decenas de altos cargos, entre ellos Puigdemont y la totalidad de miembros del Govern, se enfrentan a un calendario judicial terrorífico.

Es obvio que una vez logrado el apoyo imperioso que buscaba el PP de los socialistas -Ciudadanos pinta realmente más bien poco-, desde la Moncloa se está tensando la cuerda para tratar de aparecer ante la opinión pública como muñidores de un acuerdo histórico que ha devuelto a la formación de Pedro Sánchez al redil, que devuelve a la política española el bipartidismo a tres y que aleja la opción de un gobierno de izquierdas. Al PSOE ya le iba bien un discurso en España que no le diferenciara del PP en esta cuestión y, de hecho, sus negociadoras, Carmen Calvo y, de una manera más discreta, Meritxell Batell, han dejado pista libre a Mariano Rajoy para que hiciera lo que quisiera. Es ahora, cuando algunas voces del PSC se han hecho oír por la desmesura del 155, que se han empezado a poner nerviosos unos y otros. Y cuando el PSC y con la boca pequeña el PSOE han dicho que con la convocatoria de elecciones sería suficiente para desactivar el 155. Y también han visto las orejas al lobo: el 155 tiene por objeto arrasar todo lo que encuentre a su paso, primero en Catalunya y más tarde en Euskadi, Navarra o Galicia. Pero ahora, seguramente, ya es tarde para que una apuesta pública del PSOE diferente sea creíble.

¿Y Puigdemont? ¿Y el Govern? Aunque se mantiene el lógico mutismo de los movimientos finales del president y del Ejecutivo catalán cada vez son menos los que en Junts pel Sí le aconsejan que se mantenga en la actual indefinición y no acabe haciendo una declaración de independencia en el Parlament. Esta posición, obviamente, no es unánime y el conseller d'Empresa, Santi Vila, por ejemplo, no deja de aparecer ahora sí ahora también entre los refractarios a cumplir rigurosamente el mandato del referéndum del 1 de octubre. Y no es el único. En cambio, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, han querido salir al paso con declaraciones aparentemente contundentes. La primera, asegurando que "apretamos y apretaremos para hacer efectivo el mandato del 1 de octubre" y la segunda manifestando que el Govern y JxSí ya tiene "un mandato democrático: el referéndum del 1-O" y que la única manera de hacer frente a la represión política y al artículo 155 es "hacer camino hacia la república, !ya¡".

Y, mientras, el Senado, que dice querer escuchar al president de la Generalitat, hace todo lo posible para complicarle su participación con calendarios cada vez más alambicados. Puigdemont, sin embargo, quiere ir y nadie se lo discute. Si se celebra, será una sesión de alto voltaje político. La penúltima vuelta antes de la vuelta final en el Parlament.