Cuando varios cientos de abogados y procuradores tienen que manifestarse ante la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya provistos de su toga y con una cartulina en la mano que simboliza la muerte de la democracia es que muchos de los valores que sustentan un estado de derecho están siendo violentados con el objetivo del Estado español de impedir, al precio que sea, el referéndum del próximo domingo convocado por el Govern. No es una escena muy normal, ni tampoco cabe pensar que sea cómoda, para los que tienen en el mundo del derecho su profesión y la defensa de sus clientes como principal objetivo. Pero desde hace un tiempo, muchas cosas no son normales y más allá de las posiciones de unos u otros habrá que revisar muchos textos jurídicos, porque demasiadas de las decisiones que se han adoptado para frenar el independentismo carecen de base legal que las sustente. Pero lo cierto es que se han acabado produciendo.

Los abogados y procuradores no se han conformado con la cartulina a modo de recordatorio con el fallecimiento de la democracia sino que han pedido valentía a los jueces para garantizar los derechos y la justicia sin ninguna instrucción política. Casi nada. Sobre todo, en un momento en que la política española y en su nombre el Gobierno español esperan que sea la justicia y la policía quienes resuelvan el desaguisado que su propia incompetencia ha generado. Y que solvente aquello que en palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una evidencia: "El presidente Rajoy dirá que no se votará, pero la gente se opondrá". Y no le falta razón a Trump como estamos viendo estas últimas horas en una avalancha de diferentes sectores de la sociedad catalana expresando su apoyo al referéndum y su intención de impedir a toda costa que se cumpla lo que primero fue una orden de la Fiscalía y desde hace unas horas es resolución judicial: que los Mossos d'Esquadra impidan abrir los colegios electorales cuando finalice la jornada escolar del viernes y requisen todo el material para poder realizar la votación.

La policía catalana ya ha hecho saber las dificultades de llevar a la práctica una medida de esta naturaleza y ha alegado dos razones de peso: el número de colegios es demasiado elevado para garantizar un resultado satisfactorio a la petición judicial y, en segundo término, un criterio de proporcionalidad y evitar daños mayores si se diera el caso que en los puntos de votación hubiera un número de personas que hicieran impracticable el mandato del juez. Cabe pensar que en este supuesto, que por ejemplo se vivió en Madrid con las manifestaciones del 15-M y con un ministro socialista, que consideró que la concentración de la Puerta del Sol no podía llevarse a cabo en contra de lo ordenado por la Junta Electoral Central por un criterio de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad" y que la policía tan solo procedería a su disolución si había disturbios. Aquella decisión, en mayo de 2011, no gustó al PP, pero el PSOE se mantuvo inflexible.

Cabe pensar que la desproporción que estamos viviendo a la hora de impedir el referéndum del domingo preservará, por encima de cualquier otra cosa, la tranquilidad de la jornada y se evitará a toda costa crispar el ambiente. El sentido común debería imponerse y el papel de los Mossos, como policía integral de Catalunya, es clave a la hora de velar por una jornada pacífica.