La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para quien el ministerio público pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión, ha cumplido este sábado 500 noches de reclusión provisional en diferentes prisiones, desde el 10 de noviembre de 2017, primero por iniciativa del juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena y ahora por decisión del presidente de la sala que los ha juzgado, Manuel Marchena. Forcadell, activista cultural y expresidenta de la ANC entre 2012 y 2015, llevó la voz cantante en esta entidad soberanista, hasta saltar a la presidencia de la cámara legislativa catalana.

Como organizadora de las cuatro primeras manifestaciones multitudinarias del independentismo, ha sido una figura política perseguida desde el primer momento por el deep state y ello explica la gravedad de la acusación de la fiscalía y el hecho de que, siendo la Mesa del Parlament un órgano colegiado, haya permanecido la causa de la presidenta en el Supremo y en los otros cinco miembros soberanistas haya ido a parar al TSJC y rebajado la imputación en desobediencia.

El caso de Forcadell, como el de los dos Jordis ―Cuixart y Sànchez, que han cumplido 657 días en prisión―, es especialmente singular por tratarse de tan graves acusaciones cuando era la presidenta de una cámara legislativa. Ello le ha valido el apoyo de más de 600 diputados y exdiputados de 25 países, que firmaron un manifiesto el pasado diciembre pidiendo su libertad inmediata y criticando su encarcelamiento "por permitir un debate" parlamentario. Forcadell desatendió informes de los letrados, que por otro lado no eran vinculantes, entendiendo que ni debía ni podía ejercer coacción alguna de la actividad parlamentaria. Presidentes de otros parlamentos regionales europeos le han dado la razón y numerosos eurodiputados también en base a los principios que rigen en las democracias parlamentarias y la libertad de las palabras.

Sus palabras en su alegato final en el Supremo el pasado 12 de junio resuenan hoy con la misma fuerza que aquella jornada en el Tribunal Supremo: "Estoy siendo juzgada por ser quien soy, por mi trayectoria política, no por mis actos, no por mis hechos". Ha habido un esfuerzo por incriminarla, incluso con acusaciones durante el juicio que eran falsas. Pero nada le ha devuelto la libertad.