El Tribunal Supremo ha citado a declarar este lunes a Francesc Homs como investigado (antes imputado) en su condición de conseller de la Presidència cuando tuvo lugar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. La férrea política del Gobierno español de utilizar todos los resortes del Estado para acosar a los líderes independentistas con métodos a veces legales y otros ilegales vivirá un nuevo capítulo con un juicio que es sobre todo político desde la intervención del fiscal general del Estado revocando la decisión unánime de los fiscales catalanes, que habían concluido que no había materia para actuar.

Como ya sucediera con las declaraciones que se han producido en Barcelona ante el TSJC relacionadas con el 9-N del expresident Artur Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Homs no acudirá solo al Supremo. Estará acompañado de dirigentes de los partidos independentistas y de las asociaciones soberanistas, en una imagen inusual en la capital de España protagonizada ante el Supremo por el catalanismo político, hoy perseguido sin descanso desde la ya famosa  'Operación Catalunya',  la inadmisión del nombre de la nueva CDC y de sus estatutos en el registro del Ministerio del Interior y el chantaje a los anteriores propietarios del banco andorrano BPA para que facilitaran información de Mas y Junqueras. Son solo tres ejemplos aunque la lista es cada vez más extensa y desde el punto de vista democrático más preocupante.

Será también la primera vez que un expresident de la Generalitat que suele desplazarse en pocas ocasiones a Madrid por motivos oficiales cambie la que hasta la fecha era el destino habitual de sus visitas -el Palacio de la Moncloa- por un lugar mucho más inhóspito como es la plaza de la Villa de París, donde está la sede del Supremo. Aunque la política consume a una velocidad de vértigo las noticias, el hecho de que lo que el Gobierno español empezó tildando de una "butifarrada popular" acabe casi dos años después en la sala penal del TS por una acción del mismo Gobierno refleja no solo la carencia de un relato político coherente por parte del ejecutivo español. Sino un ardiente deseo de propiciar una medida ejemplarizadora en el inicio de un curso político en Catalunya en el que todos se miran con recelo y aún hay demasiadas incógnitas a despejar.