Produce verdadera irritación oír al ministro del Interior, que lo es fundamentalmente porque Junts per Catalunya facilitó sus siete votos para la investidura de Pedro Sánchez, lo siguiente: "A todos nos hubiera encantado que Puigdemont hubiera sido detenido [el 8 de agosto, en Barcelona] como procedía. Pero por circunstancias que se están examinando no fue detenido". Fernando Grande-Marlaska, entre cruasán y cruasán, en uno de estos desayunos que sirven para alimentar la agenda informativa del día, no formuló ni la más mínima crítica a la flagrante vulneración de la ley de amnistía, aprobada por las Cortes españolas, que está llevando a cabo el Tribunal Supremo y, en este caso, el magistrado Pablo Llarena. Porque ese es el verdadero problema. No la no detención de Carles Puigdemont en una venida a Barcelona el 6 de agosto y un retorno a Waterloo, 48 horas después, en que los Mossos d'Esquadra, pero también la Guardia Civil y el CNI, fueron desbordados por una audaz estrategia y aún no saben prácticamente nada de aquellos dos días.

Mucho se ha hablado y se ha escrito de aquella llegada a Barcelona y retorno a Waterloo y, como sucede más de una vez, los árboles no dejan ver el bosque. Es de una gran miopía política que el debate se haya centrado en si Puigdemont acertó o no con su estrategia y si lo más serio hubiera sido dejarse detener. Alguien, incluso, en un momento de nervios y de inconsciencia, llegó a decir que eso era lo que se esperaba de quien había ostentado el cargo de president de la Generalitat. Si se hubiera producido su detención, que era lo que perseguían las diferentes policías, lo que sí hubiera sucedido es su anulación como actor político en Catalunya y, quién sabe, si a estas horas estaría ya amortizado. Los que han pasado por la prisión saben bien qué es lo que se puede hacer desde la cárcel y qué es lo que no se puede hacer. Solo hace falta mirar a Esquerra Republicana y a su expresidente, Oriol Junqueras, que entró en Estremera liderando su partido en octubre de 2017 y salió de Lledoners en 2021, habiendo perdido el control de la organización.

El verdadero debate pendiente es cómo se consiente a los jueces que no cumplan la ley de amnistía

El verdadero debate político que tiene pendiente la sociedad española es cómo se consiente a los jueces que no cumplan la ley de Amnistía. Ya sé que argumentan que hay preceptos que no están nada claros y sobre todo, dicen, el del delito de malversación. Esa es la excusa y la palanca imprescindible para hacer lo que están haciendo. No hay día que no leamos como cogen un atajo para no aplicar las amnistías. Este jueves, por ejemplo, el TJUE ha informado de que ha registrado una consulta realizada por el TSJC de la causa de Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, tres dirigentes de Esquerra, sobre si la malversación del 1-O se puede amnistiar o vulnera el derecho de la Unión. Todo, con el objetivo de retrasar al máximo las medidas de gracia. El Tribunal de Cuentas ya lo inició hace unas semanas sobre el gasto del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior, que afecta a los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de una treintena de ex altos cargos. No serán los últimos, pero así los tribunales españoles van ganando tiempo.

Desconozco si alguien le ha hecho llegar a Marlaska que en su desencanto actual porque la detención no se produjera, está la satisfacción de muchos otros porque la detención no se llegara a producir. Hay un proverbio birmano que dice que "si pisas el hierro de la azada, el mango te pegará en la cara". Eso mismo es lo que le ha pasado al ministro del Interior, y desconozco si ya se ha dado cuenta. A lo mejor, en su soberbia, piensa que esas cosas salen gratis y que, al fin y al cabo, en un desayuno de este tipo se dicen muchas cosas y tampoco hay para tanto. Que hay que contentar al personal. Que ya se sabe, en Madrid, a Puigdemont, ni agua. Pero la política es como una ruleta y ya veremos qué sucede cuando no se trate de dejar ir un par de frases de café, sino de sacar adelante proyectos legislativos.