La decisión de la fiscalía española de no rescatar a Mariano Rajoy de la justicia andorrana y permitir la investigación relacionada con la Operación Catalunya deja al expresidente del gobierno más cerca de sentarse en el banquillo de un tribunal del país vecino. Claro que hay muchas, muchísimas razones, para la decisión de la fiscalía, pero no deja de ser llamativo cómo se ha sacado de encima la petición de auxilio de todo un expresidente del gobierno. Hay razones de fondo y también de forma. Respecto a las primeras, a Rajoy se le hace responsable de permitir durante su época de presidente, el mayor desbarajuste posible entre los cuerpos de seguridad con la creación de la brigada Villarejo y aledaños, que no fue otra cosa que una burda utilización de fondos del estado para perseguir al independentismo como si se tratara de las cómicas aventuras de Pepe Gotera y Otilio chapuzas a domicilio.

La Operación Catalunya fue una gran chapuza, ha dejado un rastro imborrable que compromete a los cuerpos de seguridad, ha propulsado una imagen internacional de España más propia de un país de pandereta que de un socio fiable de la Unión Europea y, en definitiva, ha hecho rehén al estado de un personaje como Villarejo, que ha acabado utilizando su videoteca y su fonoteca en beneficio propio. Las consecuencias del bodrio resultante claro que han sido lesivas para el independentismo, pero los daños colaterales para el Estado han sido muy grandes. De ello se hace responsable al tándem Mariano Rajoy-Jorge Fernández (su ministro del Interior) y por ello no es tan extraño que la fiscalía no se haya puesto de perfil.

El hecho de que la investigación sea en Andorra y no en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo también debe haber ayudado, ya que la pieza de la expropiación de lo que acabaría siendo la incautación y posterior disolución de la Banca Privada de Andorra formará parte de uno de los episodios más incomprensibles del estado español en la búsqueda de cualquier rastro que pudiera acabar derivando en una acusación de dinero en el extranjero del expresident Jordi Pujol y también de Artur Mas. Ahora, si no hay un cambio brusco de guión, la justicia española habrá enseñado sus colmillos a un Rajoy con el que nunca tuvo una especial sintonía, más por blando que por cualquier otra cosa. Lo que pueda pasar a partir de ahora dependerá de como acabe concretándose un delito nada menor como es tratar de intimidar a un gobierno -en este caso el andorrano- con información falsa y supuestamente bajo amenazas y coacciones.

La decisión inicial de TSJ de Madrid paralizando la comisión rogatoria de Andorra queda ahora en entredicho con la posición de la fiscalía, que debería acabar dando un vuelco a todo el caso. La maniobra de Rajoy no ha frenado su citación y es normal que hayan surgido los primeros nervios entre la anterior cúpula gubernamental. Algo que empezó con muy poco perfil político y prácticamente sin seguimiento informativo alguno, también con un cierto retraso de la justicia andorrana, cogió primeramente velocidad en el país vecino y ahora ha acabado teniendo una mínima bastilla para pensar que, quizás sí, Rajoy acabe en el banquillo de un tribunal andorrano. Sería toda una novedad y una buena noticia para la contaminada y maltrecha justicia española.

Pero conociendo la justicia española, no hay que lanzar las campanas al vuelo porque pueden acabar pasando muchas cosas y Rajoy acabará recorriendo a todos los tribunales posibles para cambiar la posición de la fiscalía y lo que ello supone si prospera. No estamos, por tanto, al final aunque se ha dado un paso importante. Y la actuación del colectivo de juristas Drets ha sido muy importante tanto en la difusión del problema como en el trabajo realizado.