El último movimiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, oponiéndose a una nueva tasación de las más de 60 joyas encontradas por la policía en su caja fuerte, tal como ha propuesto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, no solo tira por tierra la mínima defensa de que los 1,3 millones de valor de la primera valoración fuera excesiva. Añade un factor enormemente doloso para un personaje público de su nivel: la batalla sobre su inocencia la da por perdida; también la de su credibilidad después de ofrecer tantas versiones. Ahora, la última línea roja solo es una: que la ilegalidad que acepta que cometió no lleve aparejada una condena penal porque el delito no haya prescrito.
Así se entiende el complejo puzle con que el expresidente ha planteado su defensa. En primer lugar, asumir que el problema al que se enfrentaba era grave. La primera explicación, después de que entrara la policía en su despacho y encontrara las joyas en la caja fuerte, fue que eran una herencia de su mujer, Sónsoles Espinosa. Quien lo declaró a los agentes durante el registro fue una persona, en principio, lo suficientemente bien informada como la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar. Esa versión no soportó ni el paso de las horas, ya que carecía de credibilidad alguna. La segunda, ya más profesional, la llevó a cabo su portavoz Luis Arroyo, en el mes de mayo, seis días después del registro judicial. Arroyo estuvo contundente: "No, no, me lo ha confirmado el propio Zapatero, no hay nada de Arabia Saudita". Y añadió algo más, al asegurar que el valor de las joyas era entre 30.000 y 50.000 euros, cosa que tuvo que rectificar.
El reconocimiento que ha hecho Zapatero ya le convierte en el primer expresidente que acepta la comisión de delitos en ejercicio de su cargo
Esta versión traspasó el verano, al tiempo que Zapatero incumplía su palabra en el juzgado el pasado mes de junio de dar explicaciones sobre el origen de las joyas. Ha sido este septiembre cuando el magistrado Calama le dio un plazo máximo de tres días para que se pronunciara, cosa que hizo el pasado miércoles 23, en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional y en el que puso rostro y fecha al responsable del 'obsequio': el rey de Arabia, Abdalá bin Abdulaziz, en 2007, y que falleció en 2015. Esta es la versión actual y la última ofrecida. Problemas: en 2007, el artículo 426 del Código Penal castigaba a la autoridad que aceptara un regalo ofrecido en consideración a su función. Además, el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio ejecutivo exigía rechazar regalos que excedieran la cortesía habitual y destinar al patrimonio del Estado los obsequios institucionales de mayor cuantía. Zapatero no hizo ni lo primero ni lo segundo: lo aceptó y se lo llevó a su casa.
La explicación, que es la suya, ya es de por sí demoledora y rasga de manera importante su biografía. La ventaja es que, en principio, la prescripción de los casi 20 años transcurridos que aduce le libraría de la condena penal y de las acusaciones de contrabando y delito fiscal. Cabe pensar que el juez Calama desconfía de esta versión después de tantos cambios y por eso quiere hacer una tasación con otra joyería de prestigio. Aunque lo que se busca es volver a estimar su valor, es probable que también acabe encargando si hay algún tipo de indicio o marca en las joyas que permita seguir el rastro sobre su fabricante y llegar a partir de ahí a confirmar si la fecha que señala Zapatero es real.
Pero el reconocimiento que ha hecho Zapatero ya le convierte en el primer expresidente que acepta la comisión de delitos en ejercicio de su cargo. El peligro para él es que esa versión ya es demoledora para su prestigio y todo puede ir aún a peor. Y esa es solo una pieza separada, ya que está el caso Plus Ultra y que su mujer y sus dos hijas también están imputadas. Un horizonte ciertamente sombrío.