Una de las mayores indignidades de un país democrático es que sus ciudadanos no puedan votar. La situación que se vivió en los comicios catalanes del pasado 27 de septiembre, cuando sólo votaron alrededor de 14.000 ciudadanos residentes en el extranjero, de los aproximadamente 200.000 que previsiblemente hubieran podido ejercer este derecho, despertó una ola de protesta ciudadana y grandes pronunciamientos políticos y mediáticos pero nada se había hecho hasta la fecha. Por ello hay que saludar el impulso del Consell Executiu de la Generalitat a los trabajos para poner en marcha el voto electrónico con la finalidad de que los ciudadanos en el extranjero puedan votar.
Se inicia ahora un trabajo complejo y denso en el que el Govern debería buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la aquiescencia del Gobierno español y de la Junta Electoral. Un cometido en el que es necesario aunar dos premisas: la garantía de que el proceso quedará blindado para los ciudadanos realmente residentes en el extranjero y, en segundo lugar, una absoluta transparencia a la hora de garantizar que no hay la menor sombra partidista en el proyecto. Es una iniciativa ambiciosa y las herramientas tecnológicas hoy permiten garantizar el éxito.
Sin ir más lejos, Bélgica lo puso en marcha en las últimas elecciones al Parlamento Europeo y también en los comicios regionales y federales. La valoración del sistema de voto electrónico totalmente automatizado y verificable fue muy positiva. Otros países lo han hecho de una manera parcial con un balance satisfactorio. Un país puede ser pionero en muchas cosas aunque seguramente costaría encontrar algo que fuera más transversal y comprometido que facilitar el voto a los ciudadanos. La democracia se hace sobre todo votando. Cuantos más mejor.