La divulgación por entregas de diferentes pasajes de las dos reuniones que celebraron en 2014 en la sede del Ministerio del Interior el actual titular en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, está aumentando el hedor de un caso que ya reúne todos los ingredientes de lo peor de la política: un ministro animando al director de la Oficina Antifrau a fabricar pruebas contra el independentismo; o bien, en otro momento, atribuyéndose autoridad para hacer gestiones ante la Fiscalía para "afinar" acusaciones contra cargos de ERC y CDC y del gobierno catalán; también la utilización que hace Fernández Díaz del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que literalmente sitúa en el centro de todas las acciones que está realizando. No menor es el papel de Daniel de Alfonso, un magistrado conservador situado al frente de la OAC, que deja perlas impagables para su propia vergüenza por el cargo que aún ocupa: "Les hemos destrozado el sistema sanitario" o "considérame un cabo de tu Cuerpo Nacional".

Aunque las peticiones de dimisión del ministro han abarcado a cualquier ámbito político fuera del Partido Popular, éste ha insistido en que no piensa hacerlo. El presidente protegió a Fernández públicamente desde Palma de Mallorca pero cada nueva entrega de los pasajes de las dos reuniones, que se pueden escuchar perfectamente por audio, hacen más complicada su continuidad. La documentación conocida no deja margen para interpretaciones equivocadas: es el Estado actuando contra una parte de él mismo. Son las alcantarillas del Estado actuando contra el poder legítimamente constituido en Catalunya, con la participación, en este caso de la Oficina Antifrau de Catalunya. Es el Estado policial contra el Estado de derecho y también contra la democracia. Ahora empezamos a saber cosas terribles, que intuíamos pero de las que no había pruebas documentales. El Gobierno español, con la excusa de que iba a defender España al inicio del proceso independentista en 2012, no reparó en seguir las más elementales reglas de un país democrático.

Nadie sabe a estas alturas las repercusiones electorales del escándalo conocido en estas últimas horas el próximo 26-J, más allá del lógico pánico que, según algunos columnistas afines al PP, se ha instalado en la calle Génova de Madrid. No estamos ante una situación como la de las horas y los días posteriores al 11-M, aquella trágica jornada de los luctuosos atentados de Madrid. Sí que estamos, en cambio, ante una gestión informativa basada en la mentira como la que llevó a cabo aquellos aciagos días el exministro Ángel Acebes. Lo recuerdo muy bien: en aquellos días, el papel de la prensa de papel, al menos de una determinada prensa de papel, de sus brillantes periodistas de interior, de sucesos, de sus equipos de investigación, de política, o de corresponsales en el extranjero, sobre todo de diarios de Barcelona -con Henrique Cymerman en Oriente Próximo a la cabeza-, fue determinante para ofrecer una información veraz entre el 11 de marzo y la jornada electoral del 14-M. Hoy, esta misma prensa ha dado un paso atrás en un mal servicio a la información y a sus lectores.