A espera de que Esquerra Republicana y el PSC lleguen a un acuerdo sobre los presupuestos de este año -parece que poco o nada se avanzó en la reunión de este sábado entre Aragonès e Illa en Arenys de Mar, y si nos atenemos a ambos comunicados las cosas están como estaban, sin acuerdo-, la noticia de esta semana va a ser la cumbre que los presidentes español y francés y sus respectivos gobiernos celebrarán el jueves en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en la montaña de Montjuïc. El uso político que ha hecho el gobierno español rifándose el independentismo y queriendo exhibir el trofeo de una supuesta normalización política en Catalunya ha desembocado en una concentración de protesta por la cumbre y el enfoque lleno de soberbia de Sánchez y alguno de sus ministros.

La cumbre en Barcelona es políticamente peligrosa para Sánchez. Puede deslucir esa áurea internacional con la que se mueve y dejar al descubierto la realidad catalana. Un independentismo disperso y en continuas disputas pero dispuesto a no dar su brazo a torcer cuando se le presenta como derrotado. Pero la reunión del MNAC también es arriesgada para el independentismo, que arriesga su crédito con una movilización de protesta que si bien es unitaria tiene obstáculos de difícil solución. Una convocatoria a primera hora de la mañana de un mes de enero en el que quizás sea el día más frío del invierno, las dificultades propias de un día laborable y el lugar alejado donde previsiblemente se celebrará la convocatoria, en las columnas de Puig i Cadafalch.

En cualquier caso, las dos partes tienen mucho a perder - también a ganar-, ya que la presencia importante de medios de comunicación internacionales para seguir el desarrollo de la reunión servirá de altavoz de la situación política en Catalunya. Más, después de la modificación del Código Penal, la supresión del delito de sedición, la incorporación de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados y la modificación de la malversación. En este último delito, además, contando la interpretación que ha hecho el magistrado del Supremo Pablo Llarena en su último escrito en que sortea la intención de los legisladores de rebajar los años de prisión y retorna a los exiliados a la  casilla de salida. Así, los 12 años de prisión para el president Puigdemont con el Código Penal antiguo siguen siendo los mismos una vez se ha rebajado la pena en el Congreso. Magia Llarena.

El propio Puigdemont ha enfilado a los promotores de esta reforma -PSOE, Unidas Podemos y Esquerra- después de que este domingo fuentes del gobierno se explayaran señalando que confiaban en la extradición del president en el exilio antes de final de año para responder ante la justicia española y les sirviera para remontar en los sondeos. Los republicanos corren el riesgo de quedar atrapados entre el PSOE y Llarena, un escenario nada recomendable, además de enormemente resbaladizo. Por todo ello, el impacto o no de la movilización del jueves tendrá su importancia y todo el mundo tendrá que extraer sus conclusiones.