El esperado informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, dado a conocer este jueves en Luxemburgo, es bastante más que un balón de oxígeno para la causa catalana en los tribunales europeos. Es una primera victoria rotunda sobre la ley de amnistía y las acusaciones de malversación de fondos de la Unión. En ambos casos, la posición de Spielmann, que no es vinculante para el TJUE, pero es mucho más que orientativa, deja las cosas muy claras en tres conceptos muy importantes todos ellos a la hora de avalar la ley: primero, la directiva europea no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal, como la ley de amnistía. En segundo lugar, rechaza la posición del abogado de la Comisión Europea y le dice de manera meridiana que no es una autoamnistía, como el representante legal de la CE sostenía. En tercer lugar, afirma claramente el informe que la ley del olvido penal no es contraria a la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo. Finalmente, respecto a la malversación de fondos de la UE tampoco deja lugar a dudas: no hay responsabilidad contable que afecte a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre el referéndum del 1-O y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición de la Generalitat el presupuesto de la Unión.
El informe del abogado general de la UE acerca, sin duda, la vuelta aun sin fecha del exilio del president Carles Puigdemont, cuando se cumplen más de ocho años. Habrá que seguir los próximos pasos en Europa, el pronunciamiento definitivo del TJUE, previsto para el mes de febrero, y el del Tribunal Constitucional, también para principios del próximo año. Aunque desde el punto de vista estrictamente jurídico, el informe emitido desde Luxemburgo desarma por completo al Tribunal Supremo y le deja sin alternativas siempre hay que ser enormemente cautos al respecto, ya que ha demostrado una capacidad ingente para levantar nuevas doctrinas legales y retrasar la aplicación de la ley. Aquel "quien pueda hacer, que haga" de José María Aznar ha acabado siendo un toque de corneta en muchos centros de poder de la derecha española. Sin importarles, incluso, llegar al ridículo, como en el caso del secretario general del PP, Miguel Tellado, manifestando lo contrario a lo que dice el abogado general y que la ley era una transacción inadmisible en democracia y que chocaba con el derecho europeo. Falsear la verdad el día que a lo mejor incluso te puedes callar es lo que acerca al PP a la irrelevancia en Catalunya y le deja sin puentes más allá de Vox.
La ley de amnistía, tal cual ha dicho hoy el abogado general, es conforme al derecho de la Unión; es, en definitiva, una ley europea
Los partidos independentistas pueden mirar o, para ser más precisos, empezar a mirar el horizonte civil de sus principales dirigentes de una manera diferente. No solo Puigdemont, sino los otros dos dirigentes políticos exiliados, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. También Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, de Esquerra Republicana, y Jordi Turull, secretario general de Junts, que además ellos cuatro siempre tienen también el recurso de un indulto del gobierno que les levante la inhabilitación y que ahora es, objetivamente, mucho más fácil. Hay, también, grandes derrotados, al menos cuatro: el relato instalado por la derecha española, Sociedad Civil Catalana (SCC), el Tribunal Supremo y la Comisión Europea. Y no sabría bien cuál es el orden. Hay, también, algunos matices del abogado general, claro está, en ciertos aspectos de la ley de amnistía, que no son relevantes, como el plazo de recurso que había, que considera corto, y quién podía recurrir. Mucho menor, al lado de lo que se estaba juzgando.
Y un recordatorio que para mucho seguro que es enormemente incómodo: la ley de amnistía, tal cual ha dicho hoy el abogado general, es conforme al derecho de la Unión; es, en definitiva, una ley europea y eso es gracias a la tozudez, en aquellas fechas molesta e incomprendida, de siete diputados de Junts negándose el 31 de enero de 2024 a aprobarla sin las enmiendas que han hecho posible las conclusiones de este jueves. Las enmiendas aprobadas después de aquel voto inicial de Junts en el Congreso de los Diputados, y con enorme enfado del ministro de Justicia, Félix Bolaños, fueron, específicamente, para dotar a la ley de recorrido europeo en malversación y terrorismo, justo lo que hoy ha avalado el abogado general de la Unión, que es el responsable de defender la legalidad europea. Los e-mails cruzados entre las diferentes partes sonrojarían a más de uno de aquellos negociadores, pero, en ningún caso, sería el abogado Gonzalo Boye uno de ellos. A Boye, lo que es de Boye.