Desde que el pasado martes se hizo público el informe Pisa con los resultados del alumnado en Catalunya en los tres ámbitos de evaluación de la prueba —comprensión lectora, matemáticas y ciencias— y se constató que eran catastróficos y se situaban a la cola de España, hemos asistido a la práctica desaparición de la Generalitat del debate público. Hemos visto a partidos de todos los colores acusándose mutuamente, a los sindicatos argumentar falta de inversiones y razones económicas y a los profesores sostener que les faltan medios. Se ha situado al tripartito de Maragall y Montilla (2003-2010) y al entonces conseller del ramo, Ernest Maragall, como responsable de las primeras retallades. También a los gobiernos de Artur Mas (2010-2016), que llevaron a cabo unas nuevas retallades y, finalmente, a los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès, con tres consellers consecutivos de Esquerra, Josep Bargalló, Josep González Cambray y la actual, Anna Simó.

Uno de los déficits de la política catalana es la asunción de responsabilidades en la clase política, unido a la incapacidad de respuesta que no tenga que ver con un tuit sin alma alguna, hecho, además, generalmente, por un dircom. Ese es, en muchos casos, el nivel. No es extraño entonces que cuando se producen situaciones como las del informe Pisa, la Administración quede como bloqueada y solo sea capaz de ofrecer respuestas ininteligibles y superficiales que a las pocas horas tienen que ser corregidas. Le pasó a la conselleria d'Educació, que atribuyó los pésimos resultados a una sobrerrepresentación del alumnado recién llegado para rectificar 24 horas después y señalar que sus afirmaciones iniciales habían sido erróneas.

Desde entonces, silencio. Es de esperar que una vez se acabe el puente de la Constitución y de la Inmaculada, que no debería serlo para los responsables de los resultados del informe Pisa, sean capaces de explicarnos qué piensan hacer tanto desde el Govern como desde el Parlament. El gobierno francés de Emmanuel Macron, que también ha tenido unos malos resultados, ha anunciado a través de su ministro de Educación, Gabriel Attal, un plan que ha bautizado con el nombre de Choc des savoirs, shock de conocimientos, en el que propone una segregación en las aulas, separar a los alumnos en grupos según su nivel de comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Cualquier debate es bienvenido antes que la inacción, siempre que el objetivo sea la convergencia por arriba y no por abajo.

Uno de los déficits de la política catalana es la asunción de responsabilidades en la clase política

La alarmante situación va a trastocar, sin duda, los planes de la consellera Anna Simó, que tomó posesión en el mes de junio después de la calamitosa gestión de su antecesor, Josep González Cambray, y de la también deficiente de Josep Bargalló. Simó ha introducido algunas dinámicas sensiblemente mejores que Cambray y Bargalló, pero en cuestiones más ideológicas el cambio ha sido menor. Con el problema de la sequía como un implacable termómetro para evaluar la capacidad de gestión del Govern ante un tema de enorme preocupación de la ciudadanía, ahora se junta otro también extremadamente alarmante como es el fracaso del modelo educativo en importantes áreas de conocimiento.

Todo ello con un gobierno en minoría, con tan solo 33 de los 135 diputados de la Cámara dándole apoyo y con el partido ganador de las elecciones de febrero de 2021 en la oposición. Estas condiciones también acaban siendo un lastre para encontrar soluciones duraderas, ya que a muchas cosas hay que darles la vuelta como a un calcetín si se quiere ir a la raíz del problema.