Como en otros momentos de la historia reciente, la Catalunya política está actuando con un ojo en el Parlament de Catalunya y otro en el Congreso de los Diputados. La coincidencia de fechas, y hasta de horas, entre el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y el debate de política general en el Parlament del president Pere Aragonès, además, ha contribuido a que ambos planos converjan y se miren de reojo. Feijóo ha fracasado, como estaba previsto, en la primera votación y tendrá una segunda oportunidad de ganar la investidura al mediodía del viernes, aunque carece de posibilidad alguna y no encuentra manera de alcanzar los 176 diputados —está a falta de cuatro—. En el Parc de la Ciutadella, Aragonès exhibió soledad parlamentaria y se hizo fuerte en los acuerdos parlamentarios alcanzados este último año. Mientras, Junts le pedía un cambio de rumbo o elecciones y el PSC insistía en que no falla Catalunya, sino su gobierno.

Teniendo en cuenta que el Govern tan solo está apoyado por 33 diputados de los 135 del Parlament y que por el camino de estos dos últimos años Aragonès se ha dejado los 9 de la CUP y los 32 de Junts per Catalunya, el president tampoco salió tan mal librado del debate. De hecho, lo que se constató es una obviedad: ningún grupo parlamentario le da apoyo estable y solo la inviabilidad de un acuerdo entre el grupo de diputados de Carles Puigdemont y los de Salvador Illa, por antagónicos, permite que se presente y sea viable una moción de censura exitosa. Todo queda, en consecuencia, en un ruido más o menos insistente y tenso, pero carente, en la práctica, de resultado alguno. Sirve para marcar al president, ponérselo difícil, pero no para desplazarle de la presidencia antes de las elecciones de febrero de 2025.

Es una situación incómoda, pero no insalvable para Esquerra Republicana. Un ejemplo son sendas resoluciones que PSC y Junts han presentado para su votación el viernes, en las que piden a la cámara que vote la falta de confianza en el Govern, lo que, por extensión, alcanza a Aragonès. No es formalmente una moción de censura, aunque el president, en la práctica, sea censurado por el Parlament. Viene a ser una continuación de la cuestión de confianza que le pidió hace un año Albert Batet y que Aragonès no ha aceptado porque le precipitaría a elecciones anticipadas. Dicho eso, evidenciará una minoría absolutísima del Govern en una cuestión no menor como que el ejecutivo catalán no tiene la confianza de la cámara.

El viernes también se debatirán tres resoluciones de ERC, Junts y la CUP que obligarán al PSC a salir de la zona de confort en la que se encuentran los socialistas a la espera de que acabe y fracase la investidura de Feijóo y coja el relevo de la suya Pedro Sánchez. Como dato importante, por reiterado y rechazado, la propuesta de Aragonès de un frente común independentista en Madrid al que Junts ni hizo caso, dándola por contestada en la conversación que mantuvieron en Prada de Conflent Aragonès y Puigdemont. Este último, como es sabido, rehusó cualquier estrategia conjunta por tener caminos diferentes a la hora de negociar con el PSOE.

El tortuoso camino de Aragonès no va a precipitar unas elecciones en Catalunya ni va a modificar el gobierno monocolor de ERC. Las cartas parecen repartidas y salir de la situación actual con atajos —un Govern mucho más amplio, por ejemplo— no parece algo que esté a debate, ni responde al clima que hemos visto estos dos días en el Parlament.