La cuestión de confianza a que se someterá hoy el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, coincidirá prácticamente con el aniversario del 27 de septiembre del año pasado en que se celebraron las elecciones que dieron una mayoría en el Parlament a las fuerzas independentistas. Fue la primera vez en la historia y pese a que el resultado fue inapelable desde el punto de vista del número de diputados alcanzados, 72 de 135 parlamentarios, también es cierto que el número de votos de Junts pel Sí y la CUP se quedó en el 48% de los ciudadanos que acudieron a las urnas. Esta última circunstancia ha sido, al final, el talón de Aquiles de la legitimidad de muchos de los pasos que se han dado, pese a que en el otro 52% se encuentran partidos muy diferentes y en una de sus formaciones, Catalunya Sí que es Pot, hay una corriente independentista.

La cuestión de confianza no tiene nada que ver, en su origen, sobre este asunto, ya que es fruto del rechazo de todos los grupos parlamentarios, incluida la CUP, el pasado mes de julio a la tramitación de los presupuestos de Generalitat para el presente ejercicio. Un movimiento el de la CUP de una enorme trascendencia política porque dejó en el aire preguntas que aún no se han resuelto y que han comprometido el mandato de Puigdemont. Sin embargo, esta parada obligada y el reiterado compromiso del Govern de completar en 18 meses la hoja de ruta del proceso independentista ha situado la cuestión de confianza en un punto de partido diferente. La cuestión de confianza ya no es el asunto una vez la CUP le ha asegurado los votos. El alto interés por el debate reside fundamentalmente en la oficialización por parte del president de la Generalitat de las líneas maestras de los próximos meses que, sin duda, avanzará.

En el centro, el referéndum vinculante como eje en el que ha de pibotar el curso político en Catalunya y que es la madre de todas las batallas que se han producido este verano entre defensores y detractores. Un referéndum que, por otro lado, no figuraba en la hoja de ruta y que de hacerse mal corre el riesgo de acabar en otra consulta participativa como la del 9-N de 2014. Puigdemont ha hablado mucho sobre esta cuestión con su propio partido (Artur Mas, Neus Munté y Marta Pascal), Esquerra (Oriol Junqueras) y la CUP. También con los presidentes de ANC y Òmnium. También, obviamente, con su Govern. El resultado de las conversaciones le habilita a dar un paso adelante con una gran unanimidad en esta compleja tesitura. Y esa y no otra es la principal noticia en el aniversario del 27-S tras doce meses de una gran turbulencia.