Aunque Pedro Sánchez no ha dicho nada en público de la crisis abierta con el CatalanGate, el escándalo de espionaje masivo a independentistas catalanes conocido a principios de esta semana y realizado con el programa Pegasus que está solo abierto al acceso de gobiernos, este sábado ha dado a conocer su primer movimiento: enviar a Barcelona a su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a entrevistarse con la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Es, aparentemente, la primera consecuencia después de aquel anuncio un tanto extraño del president Pere Aragonès de que congelaba las relaciones con el Ejecutivo español, pero mantenía vivas las negociaciones. De ese rompecabezas dialéctico debe surgir aparentemente la cita en la Generalitat y de las negociaciones discretas mantenidas estos días entre Moncloa y el Palau de la Generalitat para acordar el precio de lo que se entiende por asumir responsabilidades políticas.

Todo parece indicar que hay un primer movimiento claramente insuficiente por parte del Gobierno español que ha sido puesto encima de la mesa de Esquerra: el compromiso a convocar la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados y el anuncio de una investigación interna por parte del ministerio de Defensa o del de Interior, o de ambos conjuntamente. Son, en la práctica, dos movimientos inútiles, ya que no buscan, ni mucho menos, saber la verdad de lo que ha sucedido, sino taponar el vendaval de críticas en medios internacionales que ha sufrido el Gobierno español y dar una válvula de oxígeno a sus aliados parlamentarios, a los que necesita imperiosamente para acabar la legislatura.

El propio Oriol Junqueras ha recordado a Sánchez en vísperas del encuentro Bolaños-Vilagrà que en el pasado estos casos de espionaje se han zanjado con dimisiones del máximo nivel y ha puesto los dos ejemplos que más se están utilizando estos días: el del caso Watergate con la dimisión del presidente de Estados Unidos Richard Nixon y el de las escuchas del CESID de Maglano con las cabezas del entonces vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa Julián García Vargas. Trasladándolo al momento presente, solo valdrían la dimisión de Pedro Sánchez o de los ministros Margarita Robles (Defensa) o Fernando Grande-Marlaska (Interior). Dudo mucho, muchísimo, que en la Moncloa tengan cualquiera de estos escenarios en la cabeza, a los que solo se podría llegar con una presión del independentismo en las Cortes que no está ni mucho menos ejerciendo.

Pues bien, Bolaños viaja a Barcelona a conocer de primera mano el peaje que le pide el Govern y a tratar de convencer a Esquerra de que ellos no tienen nada que ver, que eso fue cosa del PP y que en España hay demasiadas cloacas policiales que trabajan por su cuenta o para terceros, incluido el llamado deep state, que sí es el verdadero poder del Estado. No serían ellos, por tanto, los responsables. Es una explicación del todo peregrina, ya que nada de ello se hubiera activado al inicio del procés sin el acuerdo político de PP y PSOE, y lo que es más grave es que estamos hablando de un espionaje claramente mafioso que aumentó en los años 2019 y 2020 con Pedro Sánchez ya en el Palacio de la Moncloa.

Por eso la responsabilidad política es fundamentalmente suya y el precio que se le debe exigir que pague debe de ser alto. Acorde con el caso más grave de espionaje político conocido llevado a cabo en Europa. No se puede salir de este grave conflicto fingiendo que a partir de ahora todo será diferente o pagando con dimisiones de cargos intermedios, lo que es un escándalo que afecta arriba, arriba de todo del Gobierno español.