La aprobación en el Parlament de Catalunya de la proposición de ley para anular los consejos de guerra del franquismo reúne en una única decisión al menos tres aciertos: es un acto de dignidad y reconocimiento con los familiares de víctimas del franquismo; es un acto de orgullo de la Cámara catalana, justo el mismo día en que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya presenta, siguiendo las instrucciones del fiscal general del Estado, una querella contra su presidenta, Carme Forcadell, por permitir el debate y la aprobación de una resolución de la comisión del Procés Constituent que el escrito fiscal califica como un acto que "concreta un plan preciso para la secesión" de Catalunya.
Y en tercer lugar, el del Parlament es un acto que sitúa al Estado español en una incómoda posición, ya que aún arrastra una aprobación en las Cortes españolas similar a la de la Cámara catalana, y también porque no dejaría de ser de una carcajada monumental en toda Europa que, en este caso, el Tribunal Constitucional también considerara inconstitucional la ley del Parlament que anula los juicios sumarísimos franquistas alegando invasión de competencias. Los medios de comunicación internacionales y las cancillerías tendrían tema de comentario durante varias semanas.
La aprobación de la proposición de ley de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, y la CUP -83 de 135 diputados- no tuvo en contra ninguna enmienda a la totalidad, de lo que se puede entender una cierta aquiescencia de la totalidad de la Cámara, aunque con diferentes matices PSC, C's y PP plantearon ya temas competenciales. En total, unos 20.000 consejos de guerra franquistas celebrados en Catalunya quedarán sin efecto y la Conselleria de Justícia expedirá a los afectados un certificado resaltando este extremo. En su conjunto, hay motivos más que suficientes para felicitarnos por un acto político que quizás es de soberanía pero sobre todo es de justicia, orgullo y dignidad.